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Los avances en la gestión macroeconómica y en la integración a la economía mundial, y la canalización de mayores recursos públicos al desarrollo social, son los elementos más positivos del panorama socioeconómico latinoamericano y caribeño de los años noventa. Sin embargo, sus efectos sobre la recuperación de la inversión y del crecimiento económico han sido insuficientes, y los desafíos en materia de generación de empleo de calidad y de reducción de la pobreza y la desigualdad social siguen siendo inmensos. La exclusión social y la consiguiente percepción de injusticia no sólo
plantean dilemas éticos, sino que afectan además la estabilidad de nuestras democracias y nuestras propias posibilidades de desarrollo.
El progreso económico de nuestros países se ha visto obstaculizado, en los últimos años, por la inestabilidad de la economía mundial. Los mercados internacionales de capitales relevantes para nuestros países nunca se recuperaron plenamente de la crisis asiática, y en meses recientes se han contagiado además con la volatilidad bursátil de los títulos tecnológicos. El descenso cíclico de los precios ha agudizado la tendencia a la sobreoferta mundial de varias materias primas altamente sensibles para
nuestros países, como el café.
La inestabilidad de la economía mundial refleja en gran medida la enorme brecha que existe entre el rápido desarrollo de los mercados internacionales y la debilidad de las instituciones de carácter global que las regulan, así como la inexistencia de mecanismos efectivos que garanticen la coherencia de las políticas macroeconómicas de las principales economías. La consulta de las Naciones Unidas sobre Financiamiento del Desarrollo, que culminará con una Conferencia Internacional en México en 2002, ofrece una oportunidad incomparable para revisar colectivamente, con espíritu constructivo, las fallas del orden financiero y comercial internacional que están afectando las posibilidades de una integración exitosa de los países en desarrollo al orden mundial. |
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 Por otra parte, un acuerdo de libre comercio hemisférico equilibrado, que tenga en cuenta las amplias diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las economías del hemisferio, puede convertirse en un importante instrumento para ampliar el acceso a los mercados norteamericanos y a nuestro propio comercio recíproco. Este acuerdo debe coexistir con los procesos de integración existentes en América Latina y el Caribe, cuyos avances en la última década, aunque no exentos de problemas, han sido sobresalientes. A su vez, para garantizar su relevancia en el marco del ALCA,
estos procesos de integración deben profundizarse, incorporando temas económicos nuevos, tales como la coordinación macroeconómica, la cooperación financiera, la convergencia de los distintos esquemas regulatorios y la
integración de la infraestructura física, así como una amplia gama de temas ambientales, sociales y políticos. El fortalecimiento de todos estos esquemas de cooperación regional no debe verse como una antítesis de la construcción de esquemas más amplios de carácter hemisférico y global, sino como elemento esencial en la construcción de un edificio global más equilibrado.
La CEPAL ha venido señalando que uno de los elementos más preocupantes de la
agenda internacional actual es su carácter incompleto: la ausencia de temas de alto interés para los países en desarrollo y la limitada instrumentación de las agendas de desarrollo social y sostenible definidas en las Cumbres de las Naciones Unidas de la última década, en especial la Cumbre del Milenio. Por ello, recibimos con particular beneplácito la atención específica prestada en esta Cumbre a la reducción de la pobreza, la migración internacional, el desarrollo sostenible y la difusión de las tecnologías de la información, y la reiteración del papel central de la educación en el
desarrollo.
Los avances hacia una agenda global y hemisférica más completa deben estar acompañados
de una profundización de los esfuerzos de desarrollo nacional. En el frente económico, es indispensable elevar el ahorro y la inversión internas, diseñar políticas macroeconómicas preventivas y consolidar nuestro propio desarrollo financiero. Es necesario, además, combinar estos esfuerzos con una estrategia activa de desarrollo productivo, que facilite la difusión de tecnología, fomente la innovación en todas sus formas, explote las sinergias que existen entre distintas empresas y sectores productivos y apoye el desarrollo de la pequeña empresa, urbana y rural.
La obsesión de las políticas de desarrollo debe ser, sin embargo, la equidad y la inclusión social. Ello exige estrategias sociales y económicas integrales orientadas a romper los determinantes estructurales de la pobreza y la desigualdad: la mala distribución de la educación, de las oportunidades ocupacionales y del acceso a activos productivos, y los altos índices de dependencia demográfica de los hogares más pobres. El acceso a recursos educativos y productivos, para garantizar una efectiva igualdad de oportunidades; la extensión de sistemas de seguridad social universales e integrales, que garanticen las protecciones básicas a la población; la
posibilidad de la expresión política de los sectores más pobres y el desarrollo de esquemas participativos que los transformen en actores de la construcción
de su propio futuro, son los elementos decisivos de una estrategia orientada a reforzar los vínculos entre desarrollo económico, desarrollo social y democracia, históricamente tan esquivos en nuestra región. Sólo así seremos capaces de crear y difundir la prosperidad.
Mayo 13, 2001
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