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I. Introducción
 Nos
asustamos, y nos alarmamos año con año, tanto por el aumento en los índices de
pobreza, como por el ensanchamiento de la brecha entre clases sociales... ¿Cómo
no van a aumentar los índices de pobreza, si miles de millones de colones que
el Estado costarricense destina a programas de desarrollo, son saqueados
inmisericordemente? ¿Cómo no va a aumentar la brecha entre las clases
sociales, si quienes engordan sus arcas a costa del erario público mediante
privilegios odiosos, tráfico de influencias y compadrazgos que rozan la
inmoralidad y la ilegalidad, viven en la más absoluta impunidad social y
jurisdiccional?
Los temas no
son nuevos, son recurrentes. Escándalos de tres días que en las flacas
memorias de los costarricenses van dejando simplemente un pequeño escozor de
malestar, mientras los graves problemas sociales del país se agravan día con
día. Pero, a pesar de ello, aún no vemos acciones claras y decididas para
enfrentar con conciencia nacional, la problemática.
II. Conflicto entre las creencias: los valores declarados y las acciones
adoptadas
 Entendemos
por corrupción, el abuso de la función pública en beneficio privado, sea éste
para obtener un beneficio ilegítimo o para evadir un costo legal. De
conformidad con el concepto expuesto, son múltiples los casos de corrupción
que han sido denunciados por los medios de comunicación colectiva en el
transcurso de los primeros seis meses de Gobierno del Dr. Pacheco de la
Espriella. Algunos de ellos, consecuencia de acciones desplegadas en la
administración pública anterior, otros de actos ejecutados en la presente.(2)
La falta de
controles en el ejercicio de la función pública, prebendas y privilegios
indebidos (3)-(4), compadrazgos
políticos, nepotismo y tráfico de influencias (5) han
sido reportados en múltiples oportunidades por la prensa nacional en el
transcurso de los seis primeros meses de gobierno de la Administración Pacheco
de la Espriella.
Sin embargo,
el Señor Presidente ha tenido que enfrentar recientemente una dura realidad:
las salidas fáciles no son salidas... Al producirse en el ámbito nacional, los
dos primeros escándalos relacionados con actos que la opinión pública tildó de
corruptos, don Abel adoptó medidas populistas. Arrojó a los leones a los
jerarcas de las dos primeras instituciones autónomas que los medios de prensa
denunciaron, al mejor estilo de los circos romanos, dejando que su sangre
corriera ante el pueblo que lo vitoreaba por su “valiente” acción.
Lo anterior,-
en un inicio,- tuvo los efectos esperados por el señor Presidente de la
República. A los ojos del pueblo, don Abel respondió con fuerza, con
autoridad, personificando a un “buen padre de familia”, con cumpliendo la
palabra empeñada en la campaña electoral. Enfrentó las consecuencias de su
quehacer, “pasara lo que pasara...” Inclusive, si ello implicaba, cortar
unas cuantas cabezas en su Equipo de Gobierno. Encarnó de esta forma, la
figura del Presidente que todos deseaban.
Los efectos
en la popularidad del Presidente no se dejaron esperar. De inmediato, subió
vertiginosamente a un 85% de opiniones favorables según las encuestas, más que
la de ningún otro Presidente de la República en sus primeros meses de
gobierno.
El apoyo
ciudadano a las medidas adoptadas por don Abel era fácilmente previsible. No se
necesitaba ser un experto para llegar a esta conclusión. Sin embargo, el
Presidente, al ejecutar su mandato, violó no sólo las más elementales normas
de cortesía, sino también, a un tiempo, las normas constitucionales que
garantizan el Principio de Inocencia, el Derecho de Defensa y el del Debido
Proceso.
Sin llamarla
para escuchar su versión de los hechos; sin darle ocasión de defenderse; sin
averiguar con un poco de detalle los hechos denunciados para tratar determinar
el grado de responsabilidad y participación de doña Roxana Víquez, y sin
siquiera comunicarle personal y directamente su decisión de prescindir de sus
servicios, el Presidente Pacheco destituyó a través de los medios de
comunicación colectiva, a la Presidenta Ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda
Social.
Al
suscitarse el escándalo en el INCOP, el gobernante fue un poco más cauto. Ya
la medida de la destitución no le fue aplicada de inmediato a su Presidente
Ejecutivo. En esta ocasión, no fue sino hasta varios días después que
aparecieron los primeros cargos en contra del “de Guillermo Ruiz, esta vez,
después de habérsele permitido tratar de explicar estilo de administración” su
actuar a la ciudadanía nacional, que fue cesado en sus funciones.
Sin embargo
al jalar la hebra de lana, en vez de recoger un pequeño ovillo, al Presidente
lo que se le vino encima fue una inmensa bola, que entre más se jala, más
continúa creciendo. La corrupción no estaba concentrada en una o dos
instituciones, sino que como los abejones de mayo, pululaba por todo el sector
público. Se mencionaban ahora, hasta los nombres de algunos de sus más
cercanos Ministros de Gobierno.
¿Y qué? ¿Iba
a seguir don Abel destituyendo a diestra y siniestra del ejercicio de sus
cargos a todos aquellos que fueran denunciados por la comisión de supuestos
actos corruptos, sólo para ser congruente consigo mismo? La respuesta es
obvia. Ahora no sólo no cesó en sus cargos a los denunciados, sino que, más
bien, lo hizo con el “perro sabueso” al que inicialmente había pedido que
investigara y persiguiera a los culpables Así es como el hasta entonces
Ministro de Justicia y Gracia, Lic. José Miguel Villalobos, se convierte en el
primer mártir de esta Administración en la “cruzada” contra la corrupción.
Se torna
entonces golpeante la distinción entre los “valores declarados”, que el
Presidente de la República proclama en público, y sus “valores acción”, que
son los que verdaderamente guían su conducta. Aquellos sobre los que apenas
repara, los que rara vez se llevan a la superficie para cuestionarlos, pero que
le crean disonancias.
Don Abel
escoge diversos matices de la realidad, para presentarlas “oficialmente” al
mundo exterior y a la posteridad como la Verdad. En su elaboración ha
integrado en el seño del Poder Ejecutivo, sendas “comisiones de investigación”
para investigar,- valga la redundancia,- hechos identificados por la opinión
pública como corruptos o irregulares. Estas comisiones, deberán rendir
informes “imparciales” sobre los hechos acontecidos, con sus respectivas
justificaciones y conclusiones.
Entre las comisiones integradas por el Señor Presidente, podemos citar las
siguientes:
-
Comisión
para estudiar los “decretos de media noche” y el pago de prestaciones de
altos jerarcas de la Administración Rodríguez Echeverría.
-
Comisión o
Junta de Notables para investigar las irregularidades en el Instituto
Nacional de Seguros, INS.
-
Comisión de
Transparencia Institucional en el Instituto Nacional de Seguros para revisar
las actuaciones indebidas o erróneas en materia de seguros, utilización de
los recursos públicos y los programas, reglamentos y procedimientos internos
-
Comisión
para investigar las compras irregulares de terrenos del Instituto de
Desarrollo Agrario
-
Comisión
para analizar el programa lotes con servicios ejecutado por el Instituto
Mixto de Ayuda Social, IMAS
-
Comisión
para investigar el Sistema Nacional de Aduanas y recomendar las acciones para
corregir su rumbo
-
Comisión
para indagar las razones que incidieron en la determinación de declarar
desierta la licitación 7076-T para la compra de accesos DSL (que conectan las
líneas telefónicas con la red de fibra óptica) en el Instituto Costarricense
de Electricidad, ICE
-
Comisión
para analizar la Licitación Pública Internacional para construir un Centro
Penitenciario en Pococí, Limón y su respectiva adjudicación
-
Comisión
para analizar si el Ministro de Justicia y Gracia, Lic. José Miguel
Villalobos fue desleal con el equipo de Gobierno, en su comparecencia ante
la Asamblea Legislativa, el lunes 28 de Octubre del 2002.
¿Y, será esta
“comisionitis” en verdad la solución para los actos irregulares que se están
presentando en este momento en toda la Administración Pública? ¿No será más
bien el placebo que se receta a los enfermos para entretenerlos y que piensen
que algo se está haciendo, cuando en realidad no se está haciendo nada por
atacar a fondo la causa de los males?
 ¿Y
qué va a pasar con los informes de tanta comisión? Después de gastar recursos
en audiencias, inspecciones, visitas, etc. etc., ¿deberán reelaborarse los
dictámenes iniciales como se hizo con las conclusiones de la Comisión que
investigó los Programas de lotes con servicios del IMAS, para no herir las
susceptibilidades de algunos funcionarios de gobierno allegados al Presidente?
¿Se irá a permitir disidencias en los criterios que sostengan quienes integran
las comisiones? O, ¿deberán quienes discrepen, ser acallados por las buenas o
por las malas, como pasó en el caso del informe que rindió la Comisión sobre la
construcción y financiamiento de la Cárcel de Pococí, que el integrante
disidente,- en este caso,- el Ministro de Justicia, pagó con su destitución?
Nos embarga
una duda adicional como consecuencia de nuestros cuestionamientos anteriormente
expuestos: ¿Deberán los dictámenes de las comisiones presentar las “verdades” a
medias, tal y como el Gobierno necesita oírlas, consignando en los informes
únicamente lo que políticamente se espera de ellos?
¿Se van a
acatar las recomendaciones de las comisiones? ¿O irán a engrosar las ya
sobrecargadas gavetas de los archivos ministeriales o los múltiples cestos de
papel de deshecho en las oficinas de algún funcionario público?
(6)
Bien
recordamos aún, a un gran político costarricense que, cuando ejerció la
Presidencia de la República, en múltiples ocasiones comentó que la mejor forma
de parar un escándalo era crear una comisión. “Las comisiones sirven para
tapar cualquier cosa...”, decía. ¿Será ésta la estrategia que está tratando el
Presidente Pacheco de poner en práctica con la creación de tanta comisión en
tan poco tiempo? Porque, tenemos todavía frescas en la memoria las palabras
de don Abel, cuando alguna vez comentó que él no creía en las comisiones... ¿O
será que ahora cambio de opinión?
III. El mayor potencial para el cambio se encuentra en las actitudes y
creencias de la gente
Aún si
aceptamos la “verdad declarada” por el Presidente Pacheco de la Espriella, y
creemos que en su fuero interno hay compromiso para prevenir y combatir la
corrupción, lo cierto del caso es,- tenemos que reconocer,- que la fuerza de
la inercia y la golpeante realidad, son más fuertes que la voluntad del
Presidente de la República. De ahí las incongruencias y disonancias. De ahí
lo errático de su accionar que,- en un momento determinado,- lo hace
declararle a la prensa: “yo no soy sapo”, cuando se le pide que revele
información por él conocida, pero que en silencio cómplice se niega a divulgar.
Es claro que
no podemos pretender que el Presidente siga “cortando cabezas” o sacando
tarjetas multicolores, verdes, rojas y amarillas a diestra y siniestra. Esa no
es la solución. Tampoco la encontramos promulgando más y mejores leyes; su
inaplicación, aumenta tanto en el ámbito nacional como internacional, la
desconfianza en las instituciones costarricenses, la inseguridad jurídica, la
falta de credibilidad en los políticos y jerarcas y la apatía y frustración
ciudadana.
Aun cuando no
se puede forzar el diálogo, se lo puede alimentar. Esencial, es el rol de los
medios de comunicación colectiva. Éstos pueden coadyuvar en el desarrollo de
una visión compartida en torno a la problemática que se enfrenta, fomentando
procesos de diálogo colectivo que propicien la reflexión nacional y promuevan
la conciliación de puntos de vista divergentes relacionados con el impacto
socio-económico de la corrupción, su prevención y combate.
Necesitamos
una nueva conciencia, una nueva sensibilidad. Debemos cobrar conciencia que la
corrupción en Costa Rica dejó hace ya mucho de tiempo de ser un fenómeno
esporádico, aislado, para convertirse en uno estructural, que permea
transversalmente todo el quehacer de la sociedad costarricense. Debemos tomar
conciencia que corresponde hacer algo al respecto, que no podemos seguir
quedándonos como impávidos espectadores, mientras todo el país se desmorona a
nuestro alrededor; mientras el riesgo de una confrontación social de
impredecibles consecuencias entre hermanos, crece alimentada por la injusticia
social.
 Se
torna imprescindible en consecuencia, introducir cambios positivos en la
situación descrita. La doble moral con que se manejan estos temas debe ser
desenmascarada, debe ser expuesta con toda su crudeza. Se debe evidenciar las
lealtades mal entendidas que superponen los intereses de la “solidaridad
partidaria”, los intereses personalistas y de protección al compadrazgo y al
tráfico de influencias, sobre los legítimos intereses de la Patria. Sólo así,
tomaremos conciencia del gran drama social que estamos viviendo. Quizás
entonces, decidamos asumir la responsabilidad personal que todos y cada uno de
nosotros tenemos en la construcción de esa sociedad más justa, equitativa y
armónica en la que todos aspiramos vivir en el Siglo XXI.
1 CRISTINA ROJAS RODRÍGUEZ.
Abogada Penalista. Consultora internacional experta en el Fortalecimiento de
Sistemas de Administración de Justicia. Se desempeñó como Senior Crime
Prevention and Criminal Justice Officer de la División de Prevención del
Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, con sede en Viena Austria,
encargada de las actividades operacionales de la División, con énfasis en el
combate y la prevención del crimen transnacional organizado y la corrupción.
Ex Embajadora de Costa Rica en Japón. Miembra de la Junta Directiva del
Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL, Asesora Parlamentaria
y Presidenta del Centro de Mediación de Conflictos Enseñanza e Investigación,
CEMEDCO. Email: sibuju@racsa.co.cr
2 Cabe agregar que no todas las conductas inmorales,
concebidas popularmente como corruptas, se encuentran tipificadas en nuestro
ordenamiento jurídico como tipos penales. Lo mismo ocurre con todas aquellas
que a pesar infringir las prohibiciones de la Ley General de Administración
Pública, no son perseguibles en la vía jurisdiccional puesto que no están
debidamente tipificadas.
3 “Por supuestos viajes irregulares Fiscalía ve posible
peculado en el INS. Entidad no dará declaraciones” La Nación, lunes 24 de
junio del 2002; “¿Qué pasa en el INS? La renuncia de Mónica Nagel suscita
diversas dudas”, Editorial del periódico La Nación del jueves 20 de junio del
2002; “Dudas sobre salida de Nagel. Diputados pendientes del INS”, Al día
jueves 20 de junio del 2002; “ANEP Y PLN tras investigaciones Piden cuentas por
viajes e INS”, La Nación, jueves 20 de junio del 2002; “Fiscalía Investiga
viajes desde el 2001. Gobierno cauto ante caso INS. Contraloría valora
indagar reaseguros”, La Nación viernes 21 de junio del 2002; “Diputados
lanzaron lluvia de preguntas: Zawadzki con larga tarea” Al día, Viernes 5 de
julio del 2002; “Crisis en el INS, C. 1.243 millones en viajes. 610 salidas
al exterior en 4 años.” Al día, Informe Especial, Lunes 5 de agosto del 2002;
3 Declaraciones dadas por el Lic. José Manuel Echandi al
periódico La Nación el miércoles 2 de Octubre del 2002, en referencia a
cláusulas abusivas de la convención colectiva de JAPDEVA
4 “Negociación de Beneficios Laborales. Cuestionan al INS” Al
Día, sábado 18 de mayo del 2002; “Discrepan sobre Convención: Roce en el INS
por beneficios, Convenio implica 1.73% del presupuesto”, La Nación, Lunes 17 de
Junio del 2002; “¿Por qué renunció? La Nación, miércoles 19 de junio del
2002. En la página 15 de La Nación el periodista Mauricio Martínez destaca
que: “ de acuerdo con el Frente Interno de trabajadores del INS, los nuevos
beneficios se gastaron a cambio del “silencio” del sindicato UPINS por
aparentes cuestionamientos sobre la labor de la pasada administración que
lideró Cristóbal Zawadzki, “PLN y PAC denuncian irregularidades. Piden
Intervenir el INS” Al día, viernes 28 de junio del 2002; “Zawadzki sin
Respuestas, Piden explicar gastos en el INS”, La Nación Martes 16 de julio
del 2002; “Subieron Gastos en Publicidad y Recepciones: El Estilo Zawadzki”,
Al Día, lunes 5 de agosto del 2002, “Comisión de Notables para el INS”,
Editorial el Periódico La República del Viernes 28 de junio del 2002
5 Al Día jueves 26 de septiembre del 2002: “JAPDEVA les paga
extras sin que trabajen, reconocen Presidente Ejecutivo y Auditor. C.25
millones a sindicalistas”; La Nación el miércoles 2 de Octubre del 2002:
“Piden anular privilegio en JAPDEVA”; Al Día, Viernes 4 de Octubre del 2002:
“Pide erradicarlos de JAPDEVA, Pacheco: no a privilegios”
“INS giró C.32.6 millones, Dudosos pagos por Accidente. Reportan
atropello de caballo, pero era una persona” La Nación, Sábado 29 de junio del
2002. Este pago favoreció al yerno del entonces presidente ejecutivo del INS
Cristóbal Zawadzki.
6 Recordemos al efecto el triste final de seis informes de
Comisiones Legislativas de Investigación de la anterior legislatura. Ninguno
de los informes fue analizado por el plenario legislativo Ninguno fue acogido o
rechazado. A pesar que el inicio de las investigaciones generó una gran
expectativa en la sociedad costarricense, los partícipes en los hechos
acaecidos, permanecieron en la más absoluta impunidad política: a)
Compensación Social, sobre el manejo de los fondos del Programa Nacional de
Compensación Social durante la Administración Figueres Olsen; b) Caso Hank,
sobre los vínculos, actividades comerciales y relaciones políticas del
empresario mexicano Carlos Hank González, sus hijos y su grupo empresarial; c)
Subfacturación Agrícola, investigó los deficientes controles administrativos y
la impunidad imperante en los casos de importación de productos agrícolas con
declaración de precios inferiores en aduanas; d) Depósito Libre de Golfito,
identificó prácticas ilegales que podrían estar ocurriendo en a operación del
depósito; e) Incentivos Turísticos, indagó sobre los supuestos abusos que se
cometieron al aplicar la Ley de Incentivos Turísticos durante las tres últimas
administraciones; f) Servicios de la CCSS, analizó la calidad de los servicios,
la compra a entidades privadas y el uso de los recursos de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
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Diciembre
09, 2002
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