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América
Latina ha vivido 3 fenómenos que tienen más de coincidencia en el tiempo que
de relación causal de alguno con los otros. La transición de las dictaduras
militares a las democracias estables, la mayor apertura a las corrientes del
comercio mundial y la presencia del capital privado en campos como los
servicios públicos, que ideológicamente se consideraban un privilegio
exclusivo de entidades estatales.
El
establecimiento de gobiernos de elección popular sometidos al ordenamiento
jurídico, originados en la competencia democrática, no tiene discusión, al
contrario, es la norma de consenso en el Continente. El ejercicio democrático
ha sustituido tanto las viejas estructuras de Estados y gobiernos de partido
único como las aspiraciones de extremistas de la orilla opuesta de acceder al
poder para imponer sus esquemas también caracterizados por la negación de la
democracia.
Si algo está
hoy seguro en el Continente es la aceptación popular a la democracia
pluralista.
La apertura
económica o la mayor incorporación a las corrientes mundiales de comercio,
encuentra mucha oposición en el discurso pero serias dificultades para
desmontarla en la práctica, aún por aquellos declarados como sus más acérrimos
enemigos. A la apertura se asignan reveses en la agricultura, desempleo y
aumento de la pobreza. También se le reconoce modernización, productividad y
competitividad.
Los fenómenos
de integración en la Región han tenido tropiezos por la falta de armonización
de herramientas macroeconómicas: resulta imposible avanzar en un proceso de
integración cuando una economía de uno de los socios se devalúa y la economía
de otro de los socios se dolariza.
Se pierde la
equidad en los términos de intercambio. Para poder avanzar en esos procesos de
integración se necesita equidad, se requiere armonizar la administración de
instrumentos macroeconómicos fundamentales y se requiere también corregir el
desbalance en el área social.
La mayor
participación del sector privado en campos como los servicios públicos, ha
corregido ineficiencias y manejos corruptos del Estado. Ha contribuido a crear
una infraestructura más competitiva, pero no está ausente de críticas en razón
de costos que no conocían ni sospechaban sus usuarios.
La pobreza, el
desempleo y el alto endeudamiento aparecen conformando el nuevo fantasma que se
siente al interior de los países y atemoriza a los observadores y en especial a
los mercados.
Es urgente que
la preocupación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los bancos
multilaterales asigne prioridad al crecimiento y a la focalización social de
los recursos.
De
no darse soluciones sociales en los años que vienen, es posible que crezca una
ola política contra la economía global, que puede tener como segundo desarrollo
una nueva era de ataque a la iniciativa privada. Además, es previsible que los
gobiernos elegidos por el descontento, una vez enfrenten las realidades del
poder, se nieguen a aislar sus economías, lo cual suscite la rebelión de sus
electores y conduzca a períodos de inestabilidad.
Colombia ha
mantenido una sólida tradición democrática que debe mucho a la actitud de sus
Fuerzas Armadas de sometimiento a la Constitución y obediencia a los
gobernantes de elección popular. Sin embargo, cortos han sido los períodos de
relativo sosiego. Mi generación, por ejemplo, ha discurrido siempre en
violencia, bien sea porque asistió al final de aquella de origen partidista, o
porque ha estado entre los proyectiles de la guerrilla, el narcotráfico y más
recientemente, de los paramilitares.
Proteger a la
ciudadanía frente a cualquier forma de violencia es objetivo fundamental del
Gobierno que presido y que empezó hace 68 días.
Hasta hace
algunos años no se reconocía la relación entre la violencia y el ritmo de
crecimiento de la economía. Hoy, ya nadie discute que la desinversión, el
desempleo y el déficit mucho tienen que ver con la violencia.
El Gobierno ha
definido que la palabra clave para rescatar es CONFIANZA. Por eso estamos
comprometidos con la seguridad, la estabilidad macroeconómica y la claridad y
transparencia en las reglas de juego como presupuesto para que nacionales y
extranjeros confíen en Colombia como lugar de residencia, trabajo e inversión.
La política de
seguridad tiene que ser sostenible para lo cual necesita permanente respaldo
popular, que se obtiene en la medida que sea efectiva, democrática, esto es,
benéfica para todos sin sesgo por credo o estatus económico, y que además se
ejerza con transparencia, cuya medida la da el grado de preocupación y respeto
por los derechos humanos.
Las difíciles
decisiones que Colombia requiere para recuperar la seguridad y superar el agudo
déficit fiscal, demandan un elevado grado de legitimidad del Estado que estamos
buscando a través de la derrota de la corrupción, de la derrota de la
politiquería y de la reorientación de los recursos para fortalecer debidamente
la inversión social.
El conflicto
que azota a Colombia tiene el potencial para desestabilizar el conjunto de
países vecinos. Nuestros grupos violentos son poderosamente ricos a diferencia
de las viejas guerrillas latinoamericanas que pudieron sostenerse por
donaciones que llegaban del exterior.
Necesitamos
ayuda para superar este estado de violencia al cual nos han sometido
organizaciones cuyos actos corresponden al terrorismo que se describe en la
legislación de los Estados Unidos y de muchos países europeos.
Necesitamos
ayuda para continuar con el pago oportuno de nuestras deudas financieras y
disponer de recursos que nos permitan avanzar en el pago de nuestra deuda
social.
La estabilidad
macroeconómica es uno de los tres supuestos que hemos planteado para poder
recuperar confianza. Asignamos a esa estabilidad macroeconómica el manejo
exitoso en tres frentes:
1. Obtener una tasa de cambio competitiva,
2. Una tasa de interés razonable,
3. Reducir el déficit fiscal a niveles manejables.
Por supuesto
nadie ignora el crecido déficit y el crecido endeudamiento.
Deseo
aprovechar esta importante reunión de las Américas auspiciada por el Miami
Herald para decirle a la comunidad internacional que todos los colombianos
somos conscientes del gran activo que para nuestra Patria representa tener una
larga tradición de pago puntual de las obligaciones financieras nacionales e
internacionales.
En medio de
este difícil momento de las economías de América Latina, de nuestra economía y
de nuestra vida social, ustedes, los inversionistas del mundo, pueden saber una
vez más que Colombia no quedará mal en el pago de sus obligaciones.
Es una decisión
política, de conveniencia sustancial, ésta de mantener siempre la voluntad del
pago oportuno de nuestras obligaciones. Por supuesto, necesitamos soluciones al
déficit y necesitamos soluciones a los requerimientos de inversión social.
Frente al
déficit estamos trabajando dos grandes pilares: el del control del gasto y el
de mayores ingresos.
En relación con
el control del gasto, hemos presentado en el proyecto del Referendo que será
sometido a la Nación una serie de puntos, algunos pedagógicos, por ejemplo:
congelar por cuatro años los salarios del congreso, de los magistrados de las
Altas Cortes, de los altos funcionarios del Estado y del Presidente de la
República.
Congelar por
ese mismo período las pensiones de elevada cuantía, disminuir el Congreso. Con
44 millones de habitantes hemos propuesto un Congreso reducido que, en mi
campaña, hablé a los colombianos que no debería superar un número de 160
integrantes. En las discusiones del Congreso han pedido que sea superior, pero,
inferior al que hoy tenemos.
Hemos propuesto
otro artículo en el Referendo para congelar los gastos de funcionamiento del
Estado durante dos años y así poder orientar a Colombia por una estructura en
el Estado que gaste menos, sea más eficiente en la inversión, elimine la
corrupción y abra espacios para que los mayores esfuerzos los pueda hacer el
Estado, que, finalmente, es el gran creador de empleo.
La
administración empieza a adelantar una profunda reforma al Estado, a la
administración pública. Esa reforma, en una primera etapa, nos ahorrará 1.6 del
Producto Interno Bruto (PIB). Ya en las etapas subsiguientes el ahorro
acumulado ascenderá a un punto del PIB.
Por el lado de
los mayores ingresos estamos haciendo esfuerzos extraordinarios: un decreto de
Conmoción para poder enfrentar la difícil coyuntura de orden público, se ha
creado por una vez un Impuesto al Patrimonio que nos permitirá recaudar un
punto del PIB. Hemos presentado a consideración del Congreso una Reforma
Tributaria y no estamos descuidando el tema de la reactivación.
Por un lado
estamos controlando el gasto, por otro lado, aumentando los impuestos y por
otro lado buscando reactivar la economía.
Para reactivar
la economía es esencial que tengamos éxito en nuestra política de seguridad, es
esencial contar con una tasa de cambio competitiva, con una tasa de interés
razonable y hemos propuesto estímulos concretos.
Por
ejemplo: ya estamos adoptando la decisión de cero arancel a la importación de
bienes de capital no producidos en el país y en el curso de los próximos tres
años, como lo propone nuestra Reforma Tributaria, la adquisición de maquinaria
o la importación de maquinaria gozará el beneficio de la devolución total del
impuesto al valor agregado denominado IVA. Además, aquella maquinaria que se
importe para empresas altamente exportadoras simplemente no pagará este
impuesto al momento de la nacionalización.
Confiamos que
el manejo de este conjunto de instrumentos permita que Colombia vaya
recuperando la confianza. La confianza de los inversionistas, la confianza de
la comunidad nacional e internacional, la confianza de nuestros trabajadores,
la confianza de las nuevas generaciones.
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Octubre 27, 2002
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