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 Hace
un año, en Lima, con ocasión del Vigésimo Octavo Período Extraordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la OEA que fue el marco para la
suscripción de la Carta Democrática Interamericana, hicimos énfasis en su
efecto en favor del proceso globalización de la democracia en América.
Hoy, a un año de la suscripción, y tomando en consideración los sucesos de
la región, puedo decir con una firme convicción que el instrumento que
adoptamos hace 12 meses, se ha revelado como básico para la comprensión de
la nueva realidad de los pueblos de América y el tratamiento de sus
problemas.
Los críticos y escépticos sobre la pertinencia y eficacia de la Carta deben
estar en problemas. Los esfuerzos que la OEA realizó en abril pasado a raíz
de los sucesos en el hermano país de Venezuela, y los que estos días lleva
adelante con ese mismo propósito, nos indican claramente la conveniencia de
una reflexión fundada en los principios señalados en los 28 artículos de la
Carta. Nuestras naciones deben sentirse orgullosas de lo que hemos hecho.
Amigas y amigos:
Al iniciar sus funciones, nuestro Gobierno se vio en la urgente necesidad de
establecer una serie de medidas y metas políticas prioritarias para superar
el legado autoritario luego de una década de violación sistemática de los
derechos humanos, corrupción generalizada y destrucción del Estado de
Derecho.
Hay una lección a aprenderse. En el ámbito de la política exterior,
advertimos con satisfacción que la concepción peruana sobre las relaciones
hemisféricas coincidía con la agenda de la Organización de los Estados
Americanos, que vive una transformación que si bien no es tan rápida como
muchos deseamos, nos permite abordar con mayor coherencia los desafíos del
entorno internacional. Estamos progresando.
Encontramos que el Perú podía contribuir de manera sustantiva en este
período de cambios, con un enfoque que confluya con los esfuerzos
desplegados por los Estados miembros en el organismo hemisférico.
En la lucha por la democracia y en base a nuestras experiencias pasadas,
estábamos convencidos de que el Perú poseía una importante experiencia que
compartir con las demás naciones del continente en el ámbito del
fortalecimiento del Estado de Derecho y contra los procesos que buscan
debilitarlo. Esperamos nunca más experimentar lo que ocurrió el Perú.
La naturaleza misma del modelo autoritario que se instauró en el Perú en la
década pasada, con un régimen de democracia formal que no encajaba en las
definiciones clásicas de dictadura, lo hizo en cierta forma inmune a la
acción de los mecanismos hemisféricos entonces existentes; mecanismos que de
algún modo también sufrieron el desgaste del tiempo y la limitación de las
declaraciones a medias.
Todo esto fortaleció nuestra convicción de que era necesario un cambio, e ir
más allá de la resolución 1,080, más allá y de las disposiciones reformadas
de la Carta de la OEA, incluidas en 1992 a través del Protocolo de
Washington de ese mismo año y que entraron en vigor en setiembre de 1997.
Es así que mi Gobierno impulsó con entusiasmo la idea que propusiera por
primera vez el entonces Presidente del Consejo de Ministros y Canciller del
Perú, Embajador Javier Pérez de Cuéllar, ante el Congreso de la República en
diciembre de 2001, sobre la adopción de una Carta Democrática
Interamericana, como un medio para prevenir el surgimiento de nuevos
autoritarismos en el hemisferio.
Sin embargo, la idea se fue enriqueciendo. Cuando
la iniciativa fue presentada por el Perú en la III Cumbre de las Américas en
Quebec, se inscribió en cuatro objetivos:
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Primero, profundizar y mejorar los
mecanismos hemisféricos de protección y de promoción de la institucionalidad
democrática en los Estados miembros.
-
Segundo, fortalecer la capacidad de la
OEA en el cumplimiento de uno de los mandatos más importantes que le
encomienda su Carta constitutiva, la que estipula como uno de sus propósitos
esenciales la promoción y consolidación de la democracia representativa.
-
Tercero, establecer a escala continental
una evaluación común de los contenidos valorativos de la democracia,
especialmente en los campos sociales e institucionales, y
-
Cuarto, afirmar la gobernabilidad
democrática como un valor hemisférico que trasciende las fronteras de los
países miembros.
El proceso de
negociación que se desarrolló en el Consejo Permanente, y que culminó en la
adopción del texto definitivo de la Carta Democrática Interamericana,
constituyó un ejercicio excepcional de concertación de voluntades políticas.
El documento original presentado por el Perú fue enriquecido notablemente y
ampliado con los aportes de las delegaciones de todos los países miembros, y se
convirtió en un texto integral de carácter colectivo y patrimonio de todos los
países del hemisferio.
Más aún durante el proceso de elaboración de la Carta, se recogieron las
opiniones de la sociedad civil organizada, hecho que le otorga a la Carta
Democrática Interamericana un nivel de legitimidad pocas veces logrado en las
Américas.
Por tal razón, no nos equivocamos al afirmar que la Carta constituye un claro
ejemplo de un nuevo consenso de Latinoamérica y del hemisferio. Un consenso que
encara el reto de este país que sobre la base de buscar mejoras, ahora tenemos
un documento que orientará a la democracia en la región.
Amigos y amigas:
La coyuntura dramática de la aprobación de la Carta en Lima, el 11 de setiembre
de 2001, una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva por haber
marcado un cambio radical en la historia contemporánea, y nos ha presentado
ahora un gran reto para el futuro.
Pero, su especial significación política e innovación radica en que la Carta
además de mejorar los mecanismos ya existentes para la defensa y promoción de
la democracia, crea un nuevo mecanismo frente a las sutiles alteraciones del
orden constitucional que afecten gravemente el orden democrático, diferentes al
golpe de estado tradicional.
La Carta autoriza al Consejo Permanente y la Asamblea General de la
Organización y a la Asamblea General a que tome decisiones a las que puede
llegar para suspender a un Estado miembro de la organización en casos de la
alteración del orden constitucional o de ruptura del orden democrático.
Desde ese punto de vista su papel procesal y no sólo doctrinario para la
defensa de la democracia, sino significa también un paso hacia delante como una
contribución sumamente innovadora en los procedimientos para defender la
democracia en la región.
Sin embargo, la Carta Democrática Interamericana no es sólo un instrumento
sancionador. También contempla importantes aspectos preventivos a ser
desarrollados en más profundidad, dirigidos a permitir que cualquier Estado
miembro que vea amenazado su proceso político democrático o su legítimo
ejercicio del poder, pueda recurrir voluntariamente y solicitar la ayuda y
cooperación de la OEA.
Estamos aquí reunidos para conmemorar el primer aniversario de la Carta
Democrática Interamericana, y examinar algunos de los desafíos que nuestras
Naciones y nuestra organización hemisférica tienen por delante en el campo de
la democracia.
Celebramos lo que hemos hecho, pero todavía tenemos un largo camino por
recorrer.
Ahora nos toca concretar los compromisos asumidos y llevar a la práctica en
nuestros países los elementos esenciales de la democracia representativa que la
Carta proclama.
Por nuestra parte, los Presidentes de la Comunidad Andina hemos asumido el reto
de la defensa de la democracia y los derechos humanos al adoptar recientemente
la “Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.
También debemos enfrentar el desafío de las nuevas amenazas a la gobernabilidad
y a la democracia, que provienen ya no de la acción de estamentos con cierto
grado de poder dentro de nuestras sociedades, si no más bien de los sectores
más desfavorecidos que advierten una falta de atención a sus demandas, y se
sienten excluidos y marginados.
La pobreza conspira contra la democracia.
 Estas
amenazas internas surgen por necesidades básicas no satisfechas de sectores de
la población que no encuentran canales institucionales para presentar sus
demandas, un hecho especialmente evidente en países como el Perú donde durante
una década se dañó tanto la autoestima nacional, se perdió la fe, se dividió a
los ciudadanos, se les mintió y manipuló. En estos países una cuestión clave es
la credibilidad de la democracia.
Nuestros Estados tienen el imperativo categórico de crear esos canales
institucionales y mecanismos de diálogo para atender dichas demandas, las
demandas de los pobres. Debemos desarrollar un mecanismo de inclusión, así como
una cohesión social que permita que los pobres sientan que se les está ayudando
y que hay esperanza en el futuro.
Tenemos el deber urgente e ineludible de revertir esta pérdida de fe en las
políticas, en los políticos y en la democracia.
Señoras y señores:
El tema de la democracia ya no puede ser considerado en forma separada de otros
temas de importancia en la agenda hemisférica. La libertad no es solamente un
acto político que se celebra en el día de una elección.
Los pobres necesitan recibir poder a través de la libertad y aquellos millones
de latinoamericanos que esta noche van a acostarse sin saber si mañana tendrán
algo que comer o tendrán un empleo decente, no son libres.
Ha llegado el momento en que nuestras naciones tengan que reconocer que la
pobreza socava la democracia. No es un problema solamente de una acción
democrática durante una elección dada, sea esta nacional o regional.
Señor Secretario General:
Esta organización encara un tremendo reto. No es simplemente cuestión de
reunirse para celebrar Asambleas Generales o reuniones, tenemos que mirarnos a
nosotros mismos en el espejo. Necesitamos resolver los problemas centrales que
socavan la democracia.
Esta Carta es muy grande. Es un símbolo del cambio. Establece ciertos
principios que no podemos violar. Pero señor Secretario General, esto no es
suficiente.
Tenemos que escuchar las voces del hombre de la calle y tenemos que resolver el
dilema entre Wall Street y Main Street. No podemos cerrar los ojos o nuestros
oídos a lo que dice la gente en la calle.
Yo sé que ésta quizás no sea la organización que tenga el poder para resolver
dicho dilema, el dilema entre Wall Street y Main Street pero es la
responsabilidad de los gobiernos el ser creativos y presentar propuestas para
resolver ese dilema.
Grandes son las metas que tienen nuestros países por cumplir, en aras de
promover el bienestar económico y social de sus pueblos, en democracia.
Ha llegado el momento en que los países industrializados vayan más allá de la
convicción en cuanto a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas.
Hay un costo a pagar en el proceso de fortalecer la democracia. Ésta no es una
crítica, los países industrializados necesitan darse las manos con las naciones
en desarrollo para construir una ruta de comercio libre que vaya en ambas
direcciones. No nos pidan ustedes a nosotros que hagamos lo que ustedes no
hacen. Tenemos que construir una vía libre de comercio que se encamine en ambas
direcciones.
Creemos en la economía de mercado, creemos en la competitividad, creemos en la
globalización, pero para que la globalización sea sostenible ha llegado el
momento de ponerle una cara humana a la competitividad y a la globalización.
Deseo culminar mi intervención, expresando nuestro profundo reconocimiento a la
Secretaría General de la OEA y a la Universidad George Washington, por haber
organizado este foro de reflexión.
Celebro que este primer aniversario de la Carta Democrático, pero me siento aún
más entusiasta respecto a los retos que tenemos que encarar en el futuro.
Le pido a Washington que nos ayude a oír y mirar mejor lo que está ocurriendo
políticamente en la región. Tenemos un reto y ésta Carta tendrá que pasar por
la prueba. Yo sé que tenemos la capacidad de encarar tales retos.
Yo soy la persona que vive con el cáncer del optimismo y yo sé que la OEA, que
sus representantes y nuestros gobiernos no van a decepcionar las esperanzas de
los pobres.
Muchas Gracias.
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Septiembre 17, 2002
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