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 Los
países del subcontinente latinoamericano, casi todos en serios problemas de
déficit fiscal, inflación, desempleo y endeudamiento, buscan afanosamente un
incremento del comercio exterior para tratar de reactivar sus maltrechas
economías, por lo que están estudiando seriamente la nueva potestad del
presidente norteamericano para celebrar acuerdos comerciales entre gobiernos
sin la aprobación previa o posterior del Congreso de ese país. Clinton
había venido proponiendo desde 1993 el sistema que él bautizó como “Fast-Track”,
pero el parlamento –incluyendo legisladores de su propio partido demócrata—
le había negado la aprobación de la ley correspondiente, mayormente debido a
las presiones de algunos sindicatos y las ONG de tendencia ecologista,
organizaciones tradicionalmente opuestas a todo lo que implique una
globalización del comercio.
Pero ahora que la economía norteamericana está casi estancada, se convirtió en
un tema importante en la campaña electoral para la renovación de numerosos
escaños legislativos en noviembre próximo. Así, se logró finalmente –a mediados
de año- el apoyo de ambas cámaras del congreso, ya que los parlamentarios no
deseaban cargar con la culpa de entorpecer la reactivación de la economía. Para
Bush estos comicios son vitales para tratar de recuperar la mayoría republicana
en el Congreso, o al menos en el Senado, para así tener más autonomía en su
gestión de gobierno, y su énfasis reciente en lo comercial se debe seguramente
a que su padre perdió la reelección por una economía rezagada, aún cuando éste
venía de darle al país su primera victoria militar desde la debacle de Vietnam.
En Latinoamérica, EE.UU. sigue teniendo –por haber tomado la delantera en la
posguerra-- más inversiones y comercio que la Unión Europea y el polo de Asia
Oriental (Japón-China-Tigres Asiáticos), pero estas dos regiones están ganando
terreno rápidamente y han exhibido una mayor agresividad en los últimos años.
De hecho, uno de los argumentos utilizados tanto por Clinton como por Bush para
vender la propuesta de “Vía Rápida”, se basa en el contraste entre el número de
acuerdos comerciales existentes en el hemisferio --una treintena-- mientras
EE.UU. sólo interviene en uno de ellos con sus dos vecinos fronterizos. Como
dato interesante, se han firmado 132 acuerdos tarifarios bilaterales o entre
bloques en todo el mundo, lo que contrasta aún más con la débil posición
estadounidense, que participa apenas en tres de ellos.
 Sin embargo, sólo con el bloque que integra con Canadá y México –mejor conocido
con sus siglas inglesas NAFTA-- el coloso del norte ha logrado crear casi dos
millones de empleos directos e indirectos desde su implementación en 1994,
mientras que sus dos socios se han beneficiado en menor proporción, aunque –no
lo olvidemos- siempre a expensas de otras naciones tanto del hemisferio como de
ultramar, pues México le ha quitado parte del mercado norteamericano al resto
de Latinoamérica y el Caribe. Para persuadir al congreso sobre las bondades de
la “vía rápida”, Bush argumentó que sus tarifas aduaneras promedian un 2%
contra cerca del 20% en el resto del continente latino, algo que le impide
aumentar sus exportaciones a la región, al perder negocios con países o bloques
con acuerdos arancelarios más favorables. No hay duda que la existencia de
otros bloques de libre comercio, como el Mercosur, la Comunidad Andina de
Naciones, el Caricom y el Mercado Común Centroamericano, afecta bastante su
balanza comercial con el área al sur de México, un asunto crucial que en estos
tiempos recesivos empieza a debatirse frecuentemente en la política
norteamericana, donde cada dos años tiene lugar algún tipo de comicios de
alcance nacional.
Todas estas apreciaciones se hacen para enfatizar la importancia que tiene para
EE.UU. –y para Bush en particular— el uso apropiado de sus nuevos poderes.
Antes de tener esta autonomía, Bush había continuado la política del gobierno
anterior y concretó la concesión de preferencias tarifarias a cuatro países
del bloque andino –excluyendo a Venezuela por razones ideológicas- y a algunas
naciones centroamericanas, mientras trataba de integrar a Chile en el NAFTA,
única nación que cumple con ciertos requisitos del exclusivo bloque. Al mismo
tiempo, ha tratado de promocionar más enérgicamente la asociación hemisférica
de libre comercio, el ALCA, anunciada por su antecesor en la Cumbre de Las
Américas sostenida en Miami hace unos años, pero cuya idea venía gestándose
desde tiempos de F.D. Roosevelt. No hay duda que las realidades económicas y
políticas de EE.UU. pesan grandemente en la reactivación de estas iniciativas,
pues los últimos informes de la Reserva Federal no fueron halagadores, aunque
Bush sigue alardeando acerca de la solidez estructural de la economía
norteamericana, a pesar de la caída en la bolsa, el débil consumo de bienes y
la menor construcción de viviendas.
 El énfasis de Bush en estimular la debilitada economía estadounidense se ha
manifestado también en la fuerte protección arancelaria que ha establecido hace
poco con los rubros siderúrgicos y agrícolas, aún contraviniendo los
lineamientos de la OMC , afectando su prestigio y ciertas relaciones
geopolíticas, aunque haya tratado luego de suavizar el efecto de esas medidas
con sus aliados más cercanos. Este arrogante pragmatismo político de Washington
no es nada nuevo, pero se ha exacerbado a raíz de las dificultades que impone
su actual economía de guerra y la paranoia causada por su relativa indefensión
hacia nuevos ataques terroristas. A causa de este complejo cuadro, Bush da la
sensación de que trata de neutralizar su mala suerte a cómo dé lugar, como lo
demuestra con su ofensiva en materia comercial y la transgresión de tratados
internacionales sobre ecología y derechos humanos.
Ahora acude con ciertas muestras de desesperación al nuevo juguete que obtuvo
del congreso, instrumento con el cual espera triplicar sus actuales
exportaciones a la región latinoamericana en el curso de la década, sin contar
con las posibilidades comerciales con naciones extra-hemisféricas. Esa
proyección se lanza aún si el ALCA retardara su implementación al no tener el
apoyo esperado dentro de los países latinos, o incluso dentro su propia nación.
Es sabido que las violentas manifestaciones contrarias a la globalización del
comercio -desde Seattle y Praga hasta Génova y Halifax— demuestran que hay
cierta oposición en EE.UU. de parte de sindicatos y diversas ONG a la
internacionalización del comercio, pues subsiste la errada creencia de que la
importación de productos le cuesta al país la pérdida de miles de empleos. En
otras latitudes, también hay una relativa oposición desde los mismos sectores,
asociados circunstancialmente a grupos izquierdistas, ecologistas y
anarquistas, que condenan también los trastornos causados por el énfasis en las
ganancias corporativas, por encima de problemas álgidos como el desempleo y la
destrucción ambiental.
Las fallas de la globalización son denunciadas frecuentemente también en
ciertos ámbitos oficiales de Latinoamérica, donde se culpa convenientemente a
ese fenómeno de muchos de sus males socioeconómicos, máxime cuando abundan
economías aún más estancadas que en el Norte. Según recientes indicadores
macroeconómicos y de desarrollo humano publicados por la ONU, no sólo se ha
registrado en los años 90 otra “década perdida” para la región, sino que la
misma ha tenido un mal comienzo en el nuevo siglo, con las crisis de los países
del Mercosur amenazando con extenderse al resto del área. Por esto, y al igual
que en EE.UU., muchos gobiernos –apurados por su propias dificultades
políticas- se preguntan si podrán reactivar sus maltrechas economías a través
de la “vía rápida” o si es preferible esperar la implementación del ALCA.
Mientras tanto, se está debatiendo en la región la factibilidad de otras
alternativas, como una amplia asociación netamente latinoamericana de
libre comercio, o la realización de acuerdos entre los bloques existentes, sin
los compromisos que exige un ente hemisférico con tanta disparidad de bienestar
como un ALCA dominada por EE.UU.
Esta variedad de criterios demuestra también que los bloques actuales no han
llenando las expectativas iniciales y que existe cierta confusión acerca de las
bondades de nuevos bloques o acuerdos. Por ejemplo, el gigante brasileño teme
que con el ALCA su nación pierda cierta influencia en Latinoamérica, mientras
México se encuentra en un dilema por sus fuertes lazos comerciales con EE.UU.
dentro del NAFTA. Por su parte, Argentina sigue culpando de su desastre
financiero a factores externos y difícilmente se metería en esquemas liberales
de alto costo político, especialmente con el populismo justicialista en puertas
de recuperar el poder, mientras Venezuela discrepó marcadamente en Quebec del
cronograma propuesto por EE.UU. para el ALCA, en línea con una anacrónica
política de aislamiento que ha causado estragos en su propia economía. Otros
países también tienen ciertas dudas sobre las ventajas que aportaría su
membresía en dicho bloque. Ciertamente, el objetivo de integrar una asociación
hemisférica al mismo estilo del mercado común europeo para el año 2005 luce
poco factible en estas circunstancias y seguramente se tendrá que definir otro
cronograma, máxime con la escasa competitividad de las economías latinas, que
necesitan más tiempo para adecuarse a las realidades que impone una asociación
con el coloso del norte como socio principal.
 En todo caso, la “vía rápida” podría adelantarse al ALCA para generar desde
ahora un mayor intercambio bilateral a base mayormente de materias primas y
productos agropecuarios del área latina, contra los sofisticados productos “high-tech”,
alimentos procesados y servicios especializados que provienen del norte. Se
sabe que, en el caso de los productos agrícolas, Latinoamérica está en
desventaja por los fuertes subsidios que recibe el agro estadounidense, los
cuales hacen que su sector alimentario haya logrado conquistar casi la mitad
del mercado latino en las última décadas, causando de paso un visible
estancamiento de la producción agrícola local y creando una fuerte dependencia
regional hacia la importación de alimentos. Este es un tema en que convendrá
tener mucho cuidado por los aspectos geopolíticos que supone la seguridad
alimentaría.
El punto central de las consideraciones anteriores debe haber quedado evidente:
cuando EE.UU. propone algo, no lo hace por generosidad o preocupación por
nuestras naciones, sino –como es lógico-- para avanzar sus propios intereses
económicos o resolver sus problemas comerciales, siempre prioritarios a la luz
de las encarnizadas luchas políticas internas, especialmente en períodos
gobernados por el partido republicano. Lejos están los años de la “política del
buen vecino”, de la “Alianza para el Progreso” y de los “Cuerpos de paz”,
iniciativas promovidas por administraciones demócratas con más empatía hacia
los vecinos del sur.
Estos puntos deberían tomarse en cuenta a la hora de saltar al tren de “vía
rápida” sin mucha meditación o preparación, como generalmente hacemos al quedar
encandilados por la vistosa y persuasiva publicidad proveniente del norte.
Ciertamente, algunos acuerdos bilaterales pudieran ser beneficiosos, pero eso
dependerá de las condiciones acordadas, los rubros afectados y la calidad de
los mismos, pues no hay duda que en los países latinos se respeta poco las
normas de calidad, así que las ventajas de esa modalidad comercial pueden
resultar bastante asimétricas en su conjunto.
En consecuencia, el ansiado crecimiento económico de Latinoamérica va a
depender más de sensatas políticas oficiales en materia financiera, industrial
y monetaria, que en la constitución de cualquier bloque o la firma de acuerdos
arancelarios, pues los desajustes económicos que se experimentan actualmente
tienen más que ver con los factores directos causantes de sus retrocesos,
dentro de la recurrente secuencia causante de sus recientes crisis:
ineficiencia administrativa y baja recaudación tributaria, seguida por alto
déficit fiscal y devaluación de moneda, que provocan alta inflación, bajo poder
adquisitivo y escaso desarrollo humano. Es bien sabido que con los recursos
fiscales disponibles, manejados austera y eficazmente, se pudiera empezar a
reducir la pobreza y mejorar sustancialmente los servicios públicos, por lo que
--más que un comercio bilateral más intenso--, nuestros países necesitan una
gerencia pública más eficiente y transparente. Algo difícil de lograr en estos
tiempos de retorno al populismo en la región, en medio del fracaso relativo de
tantos gobiernos supuestamente “democráticos”, más ocupados con la politiquería
y las luchas por el poder que en cumplir sus funciones esenciales en materia de
educación, salud, seguridad, empleo y vivienda.
Al proyectar las tendencias actuales a largo plazo, es obvio que el planeta
será eventualmente un solo y competido mercado global, libre de restricciones
al comercio, donde sólo contará la calidad, el precio y el servicio. De este
modo se eliminarán muchas distorsiones en la producción y el comercio,
lográndose finalmente mayores niveles de bienestar para las mayorías, aunque
–debido al cambio que representa en esas actividades-- siempre subsistirán
desajustes como ha pasado a todo lo largo de la era moderna, y en especial
desde la revolución industrial. Aún así, nadie se hace muchas ilusiones con la
“vía rápida”, que luce como un instrumento interesante pero de alcance
temporal, por lo que su oportuno aprovechamiento dependerá esencialmente de la
capacidad y sensatez de los gobiernos de la región. Sin embargo éstos se
encuentran ahora demasiado sumergidos en sus complejos problemas políticos y
sociales como para beneficiarse rápidamente de cualquier acuerdo bilateral con
un país sumido igualmente en dificultades económicas. Esta aseveración es aún
más válida en vista de la presente recesión a escala mundial, que amenaza
convertirse en depresión para las economías más débiles y que no parece
augurar una reactivación sustancial a corto plazo de ninguna economía
del planeta, especialmente si sigue pesando un ambiente bélicista y altos
precios energéticos. Todo esto da pie a ser algo escépticos de las bondades de
la iniciativa de Bush, que no parece haber generado mucho entusiasmo en la
región, quizás porque aparenta haber sido diseñada para avanzar sus propios
intereses en medio de la dinámica circunstancial del mundo político
norteamericano.
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(1) Roberto Palmitesta D. es ingeniero químico, educador y
escritor (autor del “Manual de Economía Familiar”, Editorial Diana, 1997),
siendo un colaborador frecuente de análisis geopolíticos, económicos y
culturales en publicaciones impresas venezolanas, como los diarios El Globo y
Tal Cual, la revista semanal Zeta, así como las revistas electrónicas
Venezuela/Colombia Analítica, El Gusano de Luz y Petróleo YV.
Agosto 26, 2002
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