Susan Kaufman Purcell, Vicepresidenta, Consejo de las Américas; Santiago Montenegro, Presidente de ANIF; doctor Eduardo Pizarro; Juan José Echavarría, Director Ejecutivo de Fedesarrollo; amigos e invitados:

Me complace dirigirme a este distinguido foro. Es honroso compartir la mesa con mi buen amigo y colega, el embajador Luis Alberto Moreno. El Embajador Moreno se ha ganado merecida fama como uno de los más efectivos diplomáticos extranjeros en Washington en varias décadas. Me complace especialmente saber que continuará trabajando para la Administración Uribe.

Esta es la quinta en la serie anual de conferencias tituladas Colombia ante los ojos de Wall Street. Estas conferencias se han convertido en un importante foro público sobre nuestro compromiso común por el comercio libre y los mercados abiertos en las Américas. Desde que llegué hace dos años, me ha impresionado la calidad y la libertad del debate público en Colombia. El debate público nunca ha sido más importante que ahora en la vida nacional colombiana. Agradecemos al Consejo de las Américas, ANIF y Fedesarrollo por haber organizado esta importante conferencia.

Al Embajador Moreno y a mí nos han pedido que hablemos sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Es un buen momento para analizar la situación: dentro de dos semanas habrá una nueva administración en Colombia. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer el uso de los equipos e inteligencia del Plan Colombia para la lucha contra el terrorismo. También ha aprobado nuevas iniciativas que van más allá del narcotráfico, como la asistencia para la protección del oleoducto.

Antes de comenzar, quiero reconocer los logros del Presidente Andrés Pastrana y sus colaboradores. Nadie en este Hemisferio ha arriesgado más que Andrés Pastrana en la búsqueda de una paz permanente. Lo hizo con firme y sincera convicción. Es trágico que los esfuerzos de su Administración hayan sido debilitados contínuamente por los narcoterroristas de las FARC, las AUC y el ELN.

No obstante, los esfuerzos del Presidente Pastrana lograron demostrarle al mundo lo que los colombianos han sabido por mucho tiempo. Que los objetivos de esos grupos son el pueblo de Colombia y sus representantes elegidos democráticamente.

El Presidente Pastrana también tuvo la sabiduría de trabajar con los líderes de la fuerza pública colombiana para crear unas fuerzas armadas y una policía más profesionales. Él inició políticas activas y cada vez más eficientes para erradicar los cultivos ilícitos y para interceptar el narcotráfico. Así, la Administración Pastrana empezó a debilitar las finanzas de estos grupos terroristas.

Y, con su equipo económico, el Presidente Pastrana deja una economía sana. A pesar de los graves ataques de las FARC y las AUC, la economía colombiana ha logrado tres años de crecimiento sostenido. La economía colombiana es estable y su crédito internacional es sólido. Cuando miramos hacia otros países del Hemisferio, se nota que éste ha sido un gran logro. Finalmente, nadie ha administrado mejor las relaciones con Estados Unidos que el Presidente Pastrana. Por lo tanto, el Presidente Pastrana ha dejado un pujante legado para la próxima administración.

Ahora estamos en una época de transición entre gobiernos. El presidente electo Uribe y su equipo comenzaron a trabajar intensamente en la transición apenas terminaron las elecciones el 26 de mayo. No demoró en nombrar su gabinete, demostrando su decisión de actuar rápida y efectivamente para abordar los problemas del país. El equipo del presidente electo Uribe también ha comenzado serias e intensas conversaciones sobre nuevas opciones para enfrentar la violencia que ha amenazado por tanto tiempo a la democracia colombiana. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer. Es probable que nuestra relación con la Administración Uribe sea más profunda, en lo que Bernard Aronson llama "un gran pacto". Esto quiere decir que Estados Unidos está dispuesto a invertir más si los colombianos invierten más en su propia seguridad. Es importante recordar que Estados Unidos ya ha invertido US$2 millardos y además hemos solicitado más fondos.

Se ha escrito mucho sobre la necesidad de que los colombianos contribuyan más a su propia defensa. Es comprensible que los colombianos a veces se sientan atacados cuando los extranjeros sugerimos que los colombianos "no están dispuestos a asumir el precio de su propia defensa". Cientos de personas de todos los niveles socio-económicos son secuestrados mensualmente. Alcaldes y otros representantes elegidos democráticamente sufren una campaña terrorista de asesinatos e intimidación. Actos terroristas contra la infraestructura le representan enormes costos al país. Y la necesidad de luchar contra el narcoterrorismo no permite que grandes cantidades de fondos nacionales se inviertan en la infraestructura social. Ningún observador que conozca bien a Colombia duda del alto precio que los colombianos están pagando en sangre y riquezas debido al conflicto.

En los últimos meses también hemos visto a los colombianos asumir nuevos tipos de sacrificios. El pueblo se está arriesgando en importantes actos de resistencia civil contra los ataques violentos de las FARC por todo el país. Estos valerosos actos de resistencia civil son muy dicientes. Nos recuerdan que no hay apoyo popular para las FARC ni para la violencia. Estos actos también nos deben recordar que el asunto clave para la nación no es "cuánto están pagando los colombianos por su propia defensa" sino "cómo pueden los colombianos terminar efectivamente con estas condiciones intolerables". Pero el pueblo colombiano únicamente se mobilizará para ofrecer su apoyo, cuando el Estado le garantice su protección y seguridad.

Para proporcionar seguridad efectiva, el Estado necesitará nuevos recursos nacionales. El número de militares activos en Colombia, como porcentaje de la población, es muy bajo comparado con otros países en condiciones de violencia. Las fuerzas armadas y la Policía Nacional necesitan aumentar su tamaño y su profesionalismo. Esto puede exigir mayor utilización de la reserva y de los militares en retiro. Y también puede hacer necesarios nuevos requisitos de servicio militar para sus jóvenes. Colombia continuará necesitando nuevos equipos para asegurar su capacidad aérea de respuesta al conflicto.

Un elemento vital para aumentar el profesionalismo de la fuerza pública, será garantizar el total respeto y la protección de los derechos humanos. Las fuerzas armadas de Colombia han mejorado mucho al respecto. No hay duda de que la mayoría de las violaciones de los derechos humanos es cometida por las FARC, el ELN y las AUC.

Sin embargo, a medida que la fuerza pública es más agresiva en su defensa de la seguridad del pueblo, debe ser aún más consciente en la protección de los derechos humanos de sus amigos y de sus enemigos. Esto indudablemente será un gran reto a medida que crece la fuerza pública. Pero la protección continua de los derechos humanos es esencial para lograr el apoyo del pueblo y mantener el apoyo internacional.

También el porcentaje del producto interno bruto que Colombia dedica a la seguridad y a la defensa es supremamente bajo comparado con otros países que enfrentan niveles parecidos de violencia. Es claro que Colombia tendrá que gastar más en defensa y seguridad. El presidente electo Uribe ya ha dicho que es necesaria una ampliación de las fuerzas armadas y un aumento de los impuestos para ofrecerles seguridad a los colombianos. Y gran parte del sector privado colombiano ha apoyado ese llamado. Esto es significativo.

Pero la seguridad no es suficiente. Colombia necesita urgentemente reformas penales y judiciales para garantizar igualdad de acceso a la justicia. Colombia también requiere inversión en salud, educación y vivienda de interés social. Esta inversión social es una parte esencial del fortalecimiento de las instituciones estatales y ayuda a crear confianza entre la población. Esa inversión también exigirá mayores recursos financieros. Indudablemente esos fondos tendrán que provenir de nuevos impuestos. Sin embargo, la prioridad principal es restaurar la seguridad en el país.

Esta es una agenda compleja. Lograrla exigirá un claro propósito, desarrollo de prioridades, y excelente coordinación entre los muchos elementos del gobierno y de la sociedad civil. Para tal fin, el equipo de trabajo del presidente electo Uribe ha comenzado a diseñar una estrategia nacional de seguridad. Este es un esfuerzo por desarrollar una declaración de principios que todos los elementos del gobierno y de la sociedad civil colombianos puedan utilizar para enfrentar las urgentes necesidades del país de una manera integrada, coordinada y efectiva.

Ahora voy a resumirles el estado actual de la política de apoyo estadounidense a Colombia y como la ampliaremos para colaborar con esta nueva estrategia nacional.

La lucha contra el narcotráfico siempre será de altísima prioridad en Colombia, pero dos eventos (el once de septiembre y el final de la zona de despeje) nos han ampliado nuestro enfoque. Las enormes cantidades de dinero generadas por el tráfico de cocaína y heroína desde Colombia financian gran parte de las actividades terroristas de las FARC y de las AUC. El vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo en Colombia es tan estrecho que hace necesario luchar contra los dos al mismo tiempo.

Creo que todos en Colombia conocen los principales elementos del Plan Colombia. El elemento principal es la erradicación aérea de los cultivos de coca. Este año vamos a erradicar más hectáreas de las que se van a sembrar. Continuaremos nuestro apoyo antinarcóticos para los militares y la Policía. Ya han llegado la mayoría de los 73 helicópteros para el Plan Colombia. También vamos a reiniciar el programa de interceptación aérea en los próximos meses.

El componente social del Plan Colombia no ha recibido mucha atención; ya sean los proyectos financiados por nosotros, o por el gobierno colombiano. Sin embargo, sólo nuestros proyectos, desembolsan cientos de millones de dólares para programas de desarrollo alternativo, derechos humanos, desarrollo municipal y reforma judicial.

Quiero reiterar que no hay nada más importante que mejorar la situación de inseguridad. Hemos anunciado varios programas para ayudar en este aspecto. Primero, vamos a colaborar con la nueva administración para darle más movilidad y flexibilidad a la fuerza pública. Esto comenzará con la Brigada Antinarcóticos en el sur y con una nueva brigada antinarcóticos en el centro del país. También hemos propuesto un programa para ayudar a la fuerza pública y a la Fiscalía a contrarrestar el secuestro. Hemos solicitado al Congreso de Estados Unidos de US25 millones para mejorar la coordinación de información al nivel nacional en Colombia.

Esperamos empezar a aumentar el entrenamiento operativo para normalizar y mejorar el equipo de las unidades GAULA del Ejército y de la Policía.

Estamos planeando ofrecer apoyo adicional a la Policía Nacional para restablecer su presencia en los sitios más aislados y amenazados de Colombia. Esperamos recibir entre US$5 millones en fondos para iniciar la organización de unidades de la Policía que proporcionarán mayor seguridad para la construcción y fortificación de estaciones de policía. Consideramos este programa de importancia trascendental porque empezará a restaurar el imperio de la ley en sitios aislados del país. Vale la pena recordar que no había fuerza pública en Bojayá.

El Congreso de Estados Unidos ya aprobó US$6 millones para empezar a entrenar fuerzas armadas para proteger el oleoducto. Ya hemos visto que un mayor patrullaje y la presencia de la Fiscalía en Arauca han logrado mantener el oleoducto funcionando gran parte de este año. El cierre del oleoducto significa cientos de millones de dólares en pérdidas para Colombia; el año pasado se perdieron US$500 millones. Pero queremos ayudar al gobierno colombiano a desarrollar una solución permanente para proteger la infraestructura esencial. Esperamos empezar a entrenar tropas colombianas en unas pocas semanas. Para dar seguimiento a ese plan, la Administración Bush ha solicitado al Congreso de Estados Unidos US$98 millones del presupuesto del año fiscal 2003 para ayudar a entrenar y equipar unidades del Ejército y de la Policía para proteger el oleoducto.

Como mencioné anteriormente, ayer el Congreso autorizó el uso de los recursos del Plan Colombia contra el terrorismo, especialmente los helicópteros y la inteligencia. El Presidente Bush sancionará la ley en los próximos días. Esta no es la solución mágica contra el terrorismo; simplemente no tenemos suficiente equipo. Pero nos va a permitir mayor flexibilidad en nuestra ayuda a los militares y la Policía.

Finalmente, deseo mencionar que seguimos pensando que la única solución a largo plazo a los problemas de Colombia es una paz permanente. Pero una paz permanente en Colombia no puede ser dictada por los narcoterroristas. Continuaremos apoyando los esfuerzos del gobierno colombiano en la búsqueda de una paz genuina, basada en un cese del fuego y una tregua, para que pueda terminar la violencia.

Sería imperdonable que no mencionara el ATPA ante este auditorio. Quienes trabajamos con América Latina, así como los latinoamericanos, estamos desilusionados porque el ATPA no ha sido aprobado. Como saben, la Ley de Preferencias Arancelarias Andina venció en diciembre de 2001. La Administración Bush continúa apoyando su renovación y la aprobación de una lista ampliada de productos andinos que recibirían acceso preferencial al mercado estadounidense. El paquete legislativo que incluye la renovación y ampliación del ATPA también incluye varios otros asuntos de comercio internacional, lo cual ha retrasado su debate y aprobación. Esa legislación continúa en la comisión conjunta de Senado y Cámara.

El Representante Comercial Robert Zoellick se reunió la semana pasada con ministros e importantes funcionarios de los países andinos. Nuevamente subrayó el compromiso de la Administración Bush con el ATPA y le solicitó al Congreso tomar acción respecto al ATPA y enviársela al Presidente Bush lo antes posible.

Yo sé que el ATPA y el comercio internacional serán los temas principales de conversación del Representante Comercial Zoellick cuando encabece la delegación estadounidense a la posesión del Presidente Uribe el 7 de agosto. Indudablemente se tocarán otros temas comerciales también. El compromiso de Estados Unidos con el mercado libre será uno de ellos. La demora del ATPA crea inquietud aquí sobre ese compromiso. En otras partes del mundo existen inquietudes similares por la legislación agrícola estadounidense y la protección de la industria del acero de Estados Unidos de las prácticas comerciales desleales.

Mi respuesta, sencillamente, es que Estados Unidos ha tenido mercados abiertos por más tiempo que cualquier otro país. Y así será en el futuro. La Administración Bush continúa colaborando con el Congreso para lograr la Autorización para la Promoción Comercial. Eso nos ayudará a adelantar nuestro objetivo de crear un acuerdo de libre comercio de las Américas para el año 2005.

Es claro que la economía internacional enfrentará desafíos en el año que viene. Pero creo que tenemos razones para ser cuidadosamente optimistas porque tenemos unas bases sólidas.

Yo sé que Colombia tiene serios problemas económicos: la deuda, la baja inversión, el alto desempleo. Pero, creo que cuando haya menos inseguridad habrá una recuperación económica. Estoy convencida de que a medida que la situación de inseguridad cambie, y los grupos armados se vean obligados a negociar, la inversión volverá hacia Colombia y esos problemas económicos mejorarán. Si se desarrolla un proceso de paz, aumentará la asistencia de la comunidad internacional. Los colombianos que viven en el extranjero también volverán con su capital, creando empleo. Todo esto depende de un clima de mayor seguridad y de la lucha contra el narcotráfico.

Colombia tiene unas bases sólidas para enfrentar el futuro. Y creo que tenemos razones para ser optimistas de que los colombianos pueden enfrentar estos desafíos. Confío en que el compromiso de Estados Unidos para ayudar a los colombianos a enfrentar los desafíos seguirá siendo firme.

Gracias.

Bogotá, D.C.
25 de julio de 2002