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España,
que durante siglos ha sido un país de emigrantes, se ha convertido desde su
entrada en la Unión Europea en lugar de acogida de un número creciente de
extranjeros. Aunque la proporción no es alta comparada con países como
Australia, Canadá, Estados Unidos y Alemania, sin embargo el aumento de
nuestro ritmo de inmigración es notable y el de la inmigración ilegal,
preocupante.
 La
inmigración ha aparecido como problema nacional cuando el número y
proporción de extranjeros en España aún alcanzan niveles reducidos. Según
la publicación del Círculo de Empresarios, "El fenómeno de la
Inmigración: aportación a un debate", son los EE.UU. los que más
inmigrantes reciben, unos 800 mil anualmente, con lo que hoy son 26 millones
los residentes nacidos fuera del país, seguidos por Alemania con 600 mil
anuales. Pero en proporción al número de habitantes, destacan Australia,
Canadá y Suiza, con 21, 17 y 19 por ciento en 1998. España recibe unos 94
mil inmigrantes legalmente al año, a lo que hay que añadir un flujo de
ilegales difícil de cifrar. En todo caso, la población extranjera total
residente en España (incluidos unos 200 mil ilegales) alcanza el 2,5 a 2,7
por ciento de nuestra población. El problema no ha hecho más que empezar.
Desde
el punto de vista de nuestros hermanos más pobres, el trasladarse a un país
en el que tienen posibilidades de prosperar es perfectamente comprensible.
Como emigrante amenazado de expulsión en el Reino Unido, fue mucho el
capital humano que yo pude acumular allí y que me valió para volver a España
cuando la situación política mejoró. Los países que envían a sus
habitantes a trabajar al extranjero durante algún tiempo a la postre también
se enriquecen.
Pero
la inmigración desde el Tercer Mundo dejaría de ser un alud en la medida
en que el nivel de vida se elevase hasta alcanzar el de Europa. Las
limitaciones al comercio internacional son un acicate a las migraciones. Si
en vez de proteger los países ricos a sus improductivos grupos de presión,
como nosotros al sector agrícola, si en vez de empeñarse los pobres en
encarecer sus importaciones, se liberase el comercio, rápidamente aumentarían
las posibilidades de sobrevivir en las regiones exportadoras de mano de
obra. El comercio es sustituto de la emigración.
Por
el otro lado, los emigrantes contribuyen a la riqueza de los países
receptores, en la medida en que se ganan la vida en el libre mercado. Si una
empresa o patrono paga un sueldo a un inmigrante, es que éste está añadiendo
valor a la producción. Nunca entendí la objeción a las migraciones económicas.
Por dar dos ejemplos: tuve la suerte de recibir la enseñanza de muchos
profesores centroeuropeos huidos de Hitler y Stalin. He visto con mis ojos
la transformación de Vancouver, gracias a la inmigración china.
 La
competencia que plantean estos trabajadores extranjeros a los locales, en
especial a los de más baja calificación, es una de las fuentes del
resentimiento con que se les acoge. La expresión de ese disgusto se
condensa en la frase "los inmigrantes dejan sin trabajo a los
nacionales". Pero es sabido que la oferta de mano de obra, al
contribuir al crecimiento económico, crea su propia demanda. Sólo quedan
desplazados quienes no son capaces de "reciclarse", como dicen los
cursis. El propio estudio del Círculo de Empresarios presenta unos datos de
la mitad de los años noventa que indican más bien una relación inversa
entre desempleo e inmigración. El país con más paro y menos extranjeros
es España, mientras que EE.UU., Canadá y Australia muestran mucha
inmigración y mucho empleo.
Se
pueden añadir otras tres repercusiones sociales a ésta sobre el mercado de
trabajo: sobre las formas de vida, sobre la delincuencia, y sobre la
Seguridad Social. La gente tiene la impresión, no del todo injustificada,
de que hay un límite a lo que un país puede aceptar en cuestión de
costumbres foráneas, especialmente si son contrarias a los derechos
humanos, como el matrimonio forzado de menores y las mutilaciones rituales.
Contra la delincuencia, debe imponerse la "tolerancia cero",
cualquiera sea la edad de los transgresores y su nacionalidad. En cuestión
de beneficios de la Seguridad Social la respuesta no es tan fácil, pero no
hay duda de que muchos inmigrantes vienen a aprovecharse del Estado de
Bienestar.
El
primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Ramussen ha hecho aprobar por el
Parlamento que, durante los siete primeros años de su estancia en
Dinamarca, los inmigrantes no reciban ningún beneficio social, si no es
educación para los hijos y cuidados médicos en caso de accidente: nada de
subsidio de paro, nada de pensión pública durante ese tiempo. Así quedaría
claro que vienen a contribuir a la riqueza con su trabajo y que quieren
integrarse de verdad en nuestra sociedad. ¡Ah! y añado que la supresión
de fronteras por el Tratado de Schenghen no me parece muy buena idea.
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1)
Pedro Schwartz es Profesor
de la Universidad Autónoma de Madrid, España y Académico Asociado del
Cato Institute. Es experto en Pensiones, Política Monetaria y la Unión
Europea.
Junio
17, 2002
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