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 Agradezco vuestra presencia en Chile. Para mí es un
honor presidir la Trigésima Tercera Asamblea General de esta Organización,
en la cual se encuentran representadas las Américas en su amplia diversidad.
Felicito a la Ministra de Relaciones Exteriores de Barbados por el excelente
trabajo desarrollado en la Asamblea General celebrada en Bridgetown, en
junio del año pasado.
Chile está comprometido activamente con el esfuerzo de los países de las
Américas por mejorar la calidad de nuestras democracias.
Trabajamos para incorporar el valor de la equidad en un modelo de desarrollo
sustentable, con miras a hacer de nuestro continente un espacio donde la
libertad esté asociada a la consolidación de la paz, la justicia y al
bienestar de su gente.
Esta es la aspiración de millones de personas que anhelan vivir con pleno
reconocimiento a su dignidad y derechos en un marco democrático.
El Siglo XXI nos abre oportunidades reales para el desarrollo económico y el
progreso social de nuestros pueblos. No obstante, hay que reconocer que la
distribución de estas oportunidades, el lado amable de la globalización, no
sigue un patrón equitativo en el hemisferio. Vastos sectores no acceden a
sus beneficios y están expuestos a sus riesgos e incertidumbres.
Nuestro desafío es asegurar una gobernabilidad sobre los procesos de
globalización que, a partir de un conjunto de valores éticos, maximice las
oportunidades y los beneficios y, a la vez, reduzca sus efectos adversos.
Una gobernabilidad que asuma las transformaciones sociales, en un marco de
estabilidad y sustento institucional.
Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita
espacios de participación activa en los procesos económicos, sociales y
culturales. Debemos trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para
todos.
Gobernabilidad Democrática
 En esta ciudad, hace doce años suscribimos el
Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema
Interamericano.
Asimismo, aprobamos la Resolución 1080 sobre Democracia Representativa,
iniciándose un proceso en que colectivamente hemos ido afianzando los
valores y principios que organizan la convivencia política.
La adopción en Lima, de la Carta Democrática Interamericana el 2001,
representó un hito de ese proceso, marcando un antes y un después, en la
historia de las Américas.
La democracia es el factor articulador ético y político de nuestro sistema
interamericano. Este sello de identidad de las Américas nos proyecta en el
mundo. Es por ello que vemos con interés todos los esfuerzos que favorezcan
la universalización de estos valores.
En estos días, en el ámbito de la Comunidad de las Democracias, se efectuó
en Miami la reunión “Diálogo sobre la Democracia”, entre países de América
Latina, el Caribe y África que abordó las mejores prácticas regionales para
proteger y promover la democracia y consolidar sus instituciones.
Asimismo, la presencia de observadores en esta Asamblea es también una
oportunidad para el trabajo conjunto con otras regiones. Con Europa, debemos
profundizar principios y valores compartidos. Con Asia y África, debemos
promover una interacción más activa entre los sistemas regionales para
avanzar en la protección de valores universales en beneficio de nuestros
pueblos.
Desde el reconocimiento de la democracia en la historia de las Américas,
pasando por los proyectos y luchas por su realización, hemos llegado a
consagrarla como una norma vinculante para la vida política y social del
Hemisferio.
La existencia de una gran mayoría de países americanos que se rigen por el
principio de la democracia representativa implica que debe darse una
adecuada protección a la diversidad y a la tolerancia como fundamento del
debate público, así como a las instituciones que lo promueven.
Evidentemente, esta situación es positiva y ha permitido una expansión de
los mecanismos e instituciones destinados a la realización de derechos y
libertades para la ciudadanía en las Américas.
Los obstáculos
No obstante, hoy nos enfrentamos a obstáculos que nuestros regímenes
democráticos deben superar si aspiramos a una mejor calidad para nuestras
instituciones.
Esta situación se ve reflejada por un hecho significativo: Si bien en
América Latina más de la mitad de la población apoya la democracia, el grado
de satisfacción con ella sólo alcanza a un tercio de ésta.
Entre esos obstáculos, cabe poner de relieve los altos grados de exclusión
social prevalecientes en la región, la brecha entre la realidad financiera
transnacional y las demandas sociales internas, así como la persistencia de
rasgos del sistema político y de la cultura política que impiden la
flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera equilibrada las
demandas de grupos sociales emergentes.
Los valores democráticos se deben reafirmar para responder a los urgentes
desafíos y nuevas vallas que enfrentamos en el Hemisferio.
Hoy, el camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse
desde tres dimensiones: la del desarrollo y modernización institucional; la
de la equidad en el modelo económico; y la de una integración social
participativa.
No seguir este camino nos dejaría sin herramientas para prevenir la
frustración ciudadana y superar el peligro que representa la indiferencia
frente a la política, frente a la tarea pública, frente a la democracia
misma. Como dijo el Presidente Lagos debemos observar la realidad de
nuestras sociedades desde los ojos de los ciudadanos, porque éstos sólo son
plenos cuando, además de votar y opinar libremente, sienten que en su
sociedad hay un lugar para sus sueños, para sus esfuerzos y sus ganas de
ser.
La tarea específica de la OEA en este diseño de superación de los desafíos y
obstáculos es la de fortalecer los mecanismos que permitan que sus mandatos
contribuyan a poner en práctica las prioridades políticas de los Estados, en
áreas directamente vinculadas a la generación de mejores condiciones de
gobernabilidad. El documento preparado por la Unidad para la Promoción de la
Democracia sobre esta materia apunta precisamente hacia ese objetivo.
El Gobierno de Chile tiene la convicción de que el compromiso democrático
debe ser reafirmado en el contexto de una nueva etapa en la evolución
política y del progreso social de la región, en que la gobernabilidad
democrática y la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones sociales
y políticas adquieren una dimensión central.
Recientemente, en el Consenso del Cusco, los Presidentes del Grupo de Río,
junto con reconocer que nuestros países experimentaban el proceso de
democratización más extenso y profundo de su historia, señalaron que sólo
democracias con altos niveles de gobernabilidad pueden atender las legítimas
demandas que los pueblos reclaman del sistema democrático.
Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de
desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de
mejores condiciones de gobernabilidad democrática.
Para ello es menester modernizar el Estado, consolidar los valores
democráticos en nuestra sociedad e incentivar la participación ciudadana e
incrementar los niveles de cohesión social de nuestros países.
Modernización del Estado
Existen demandas que exigen al Estado mayores niveles de eficiencia,
responsabilidad y transparencia, así como también probidad en la gestión y
una apertura a la incorporación de nuevas tecnologías. Más allá de los
intereses políticos asociados a estas demandas, lo que es necesario debatir
es el sentido mismo de la modernización del Estado y de las instituciones
políticas, en la perspectiva de asegurar mayores niveles de gobernabilidad
democrática en cada país.
Modernizar la gestión pública significa entre otros aspectos- hacerla más
flexible y abierta para continuar la inserción de los Estados en los flujos
políticos, económicos, tecnológicos y culturales globales, junto con atender
las crecientes demandas de participación de la sociedad civil, y reconocer
su fundamental contribución a la gobernabilidad hemisférica.
Temas tales como la reforma y modernización de la
justicia; la reforma policial; la relación entre servicio público y usuario; la
modernización de los sistemas electorales, el financiamiento de la actividad
política, entre otros, constituyen desafíos relevantes en el campo de la
modernización del Estado que tenemos por delante. El Centro de Justicia de las
Américas es un testimonio de cómo el Sistema Interamericano puede contribuir a
mejorar en el Hemisferio la calidad de la justicia y sus valores. En el
seminario sobre Justicia y Gobernabilidad Democrática, celebrado con ocasión de
esta Asamblea, se abordó el proceso regional de reforma judicial.
Es necesario, en consecuencia, promover un modelo de gobernabilidad en que el
Estado asegure los mayores niveles de comunicación, tanto en el ámbito externo
como en el interno, y entre la economía mundial y la vida cotidiana.
Participación civil y de partidos políticos
Existe una preocupación creciente por un fenómeno de desconfianza de la
ciudadanía respecto de los partidos políticos. Ello es grave para quienes
entendemos que los partidos políticos deben tener un papel central en la
democracia.
No obstante, este problema de credibilidad no expresa necesariamente un rechazo
de la ciudadanía hacia la vida política. Al contrario, en la sociedad civil han
emergido nuevos grupos y movimientos con nuevas formas de acción colectiva, que
son capaces de gestionar demandas públicas a nivel estatal.
En este sentido, nos encontramos con dos formas de hacer política: la primera,
que se refiere a los partidos y las elecciones; y la segunda, a los intereses
de la sociedad civil organizada. La apuesta por la gobernabilidad se centra en
articular estos dos ámbitos de la política, ya que los partidos no pueden
existir separados de los legítimos intereses de la sociedad; y ésta, por su
parte, debe ser capaz de organizar sus propias demandas de un modo democrático
y pacífico. Los partidos políticos, en un contexto de gobernabilidad, serán los
legítimos portadores de los intereses civiles, promoviendo la participación
ciudadana, y poniendo en contacto al Estado con las realidades sociales.
Los partidos políticos constituyen un vehículo de comunicación entre lo social
y lo político, una bisagra entre el individuo y el Estado.
En consecuencia, en una agenda prospectiva de gobernabilidad democrática se
debe reconstruir el papel de los partidos en su apertura hacia nuevas y
crecientes formas de participación civil, de autogestión de intereses y del
tratamiento de las demandas a partir de la inclusión y el reconocimiento de la
diversidad.
Junto a lo anterior, también debe ocupar un lugar relevante entre nuestras
preocupaciones, el reto de mejorar la calidad del debate público; promover una
amplia participación social y política de mujeres y jóvenes y otros sectores
tradicionalmente marginados de los asuntos públicos, fomentando sistemas
políticos inclusivos y cooperativos que fuercen los principios y valores
democráticos como base de nuestra convivencia civilizada.
Cultura democrática y ciudadanía
Una de las condiciones para mejorar la gobernabilidad democrática es la
existencia efectiva de una conciencia social centrada en la igualdad, la
tolerancia y el respeto a la diversidad como base del debate público. Podemos
afirmar que es posible acceder a una convivencia más madura y racional en una
sociedad donde estos valores sean respetados. Sin embargo, la diversidad, la
tolerancia y el respeto a los derechos humanos deben darse en el marco de un
proyecto colectivo libre de exclusiones y participativo.
Gobernabilidad y equidad económica y social
En la concepción moderna del desarrollo, la gobernabilidad se ha convertido en
un factor central para lograr avances en los ámbitos económicos y sociales. Por
ello, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas se ha erigido
como elemento consustancial para la eficacia de los esfuerzos destinados a
promover el crecimiento y la equidad.
Al mismo tiempo, un buen desempeño económico de nuestros países es un elemento
que refuerza la gobernabilidad.
De ahí que el reto que enfrentamos es avanzar de manera decidida por el camino
del bienestar y progreso social para nuestros ciudadanos. Un camino que abra
oportunidades para todos y que genere condiciones para el pleno despliegue de
las potencialidades de nuestros pueblos.
La suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el
viernes último, está inspirada en esos nobles objetivos. Buscamos mejorar la
calidad de vida de chilenos y chilenas y aspiramos a que el Área de Libre
Comercio de las Américas sea una concreción hemisférica de estos valores.
El crecimiento económico, el acceso equitativo a los mercados, la inversión en
educación, la superación de la brecha tecnológica y el analfabetismo
informático son tópicos que deben estar presente en una reflexión sobre la
dimensión social y económica del reto de la gobernabilidad en este hemisferio.
Conclusiones
La OEA constituye un espacio privilegiado de cooperación para que los Estados
del Sistema Interamericano construyan estrategias que les permitan avanzar
hacia una mejor gobernabilidad democrática.
De esa manera estamos reafirmando, con medidas operativas, nuestro compromiso
con el propósito fundamental de la puesta en práctica de los valores y
objetivos que promueve la Carta Democrática Interamericana.
Ella nos obliga a impulsar la gobernabilidad, la buena gestión, los valores
democráticos y a fortalecer la institucionalidad política y de la sociedad
civil organizada.
En ese contexto, hemos propuesto aprobar una “Declaración de Santiago sobre
Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso con la Gobernabilidad
para las Américas”, cuyo objetivo político es instalar en la OEA un punto focal
de cooperación para facilitar la gestión de programas que permitan ayudar a los
Estados y a las sociedades a fortalecer la gobernabilidad.
Queremos proponer la elaboración de un “Informe de Gobernabilidad Democrática”,
que contenga sugerencias concretas que ayuden a promover y avanzar en los
procesos de modernización del Estado y de la reforma judicial como su eje
central; a impulsar la plena participación de la ciudadanía en el sistema
político y a fortalecer el papel central de los partidos políticos como
intermediarios de las demandas de la ciudadanía en una democracia
representativa, así como a apoyar los esfuerzos que requiere la superación de
la exclusión social y el crecimiento con equidad.
Dicho documento serviría de base para el establecimiento de un “Programa de
Gobernabilidad Democrática”, que estructure las prioridades e interrelaciones
de los desafíos políticos, sociales y económicos. Asimismo, un documento de
esta naturaleza constituiría un aporte para la próxima Cumbre Hemisférica y
apoyaría a los Gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de mejorar la
calidad de la democracia.
En suma, estamos frente a una nueva etapa en la que debe renovarse el
compromiso con el significado que impone este régimen político. Con ese
propósito, una Agenda de Gobernabilidad Democrática deberá proponer caminos de
cooperación que impulsen la inclusión y la eficiencia en la gestión.
Chile los invita a que en esta Asamblea sigamos construyendo un hemisferio
donde la libertad, los derechos de las personas y el desarrollo, estén
asociados a la justicia, a la seguridad y a la paz. Un lugar donde las
esperanzas de los pueblos de las Américas inspiren un trabajo conjunto que
reciba un pleno reconocimiento de las personas y de las comunidades que aquí
habitan, y que contribuya a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la
plena garantía de sus derechos.
Muchas gracias.
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Junio 11, 2003
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