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La situación de los derechos humanos siguió siendo grave en muchos países de la región, y la impunidad siguió prevaleciendo. En Colombia, el conflicto armado en constante escalada hizo que se intensificara aún más la crisis de derechos humanos, con más de 4.000 homicidios políticos, más de 300 «desapariciones» y unos 300.000 desplazados internos. La inmensa mayoría de las víctimas eran civiles atrapados en el fuego cruzado entre las fuerzas armadas, los grupos armados de oposición y los paramilitares respaldados por el ejército. Amnistía Internacional manifestó su oposición al plan de ayuda militar conocido como Plan Colombia, pues temía que sólo sirviera para agravar el conflicto y las violaciones de derechos humanos que se derivaban de él, y condenó la decisión de eliminar las condiciones respecto a los derechos humanos incluidas en el plan. |
Estados Unidos volvió a demostrar que no tenía reparos en ir en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, y llevó a cabo 85 ejecuciones. Esta cifra, que supone una flagrante violación de las normas internacionales, incluía a personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió
el delito, a presos que sufrían retraso mental y a ciudadanos extranjeros a quienes se habían negado sus derechos consulares. Mientras Amnistía Internacional lanzaba su campaña mundial contra la tortura, en la mayoría de los países de la región, desde Brasil hasta México, Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Guyana, Venezuela, Ecuador, Chile y Perú, seguían denunciándose constantes torturas y malos tratos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad y de guardias de prisiones. En Paraguay, los reclutas del ejército, muchos de ellos reclutados ilegalmente sin que tuvieran la edad mínima establecida, eran sometidos sistemáticamente a malos tratos, a consecuencia de los cuales sufrían lesiones graves y, en ocasiones, la muerte. En una decisión que suponía un paso atrás, Belice reintrodujo el castigo corporal como pena para una serie de delitos cometidos en las prisiones. Los disparos realizados por las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas y el uso excesivo de la fuerza con resultado de muerte eran muy frecuentes en países como Jamaica, Argentina, Brasil, la República Dominicana y Estados Unidos. En Bolivia, durante el estado de sitio de 12 días
que tuvo lugar en abril, la policía, según los informes, hizo uso excesivo de la fuerza y causó la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un menor. En Venezuela se recibieron informes sobre varias ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» durante las operaciones de rescate que siguieron a las inundaciones de diciembre de 1999. Los defensores de los derechos humanos, los opositores al gobierno y los periodistas sufrieron acoso, amenazas y ataques en El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Perú y Trinidad y Tobago. En Colombia, los activistas de derechos humanos pagaron con su vida su dedicación a estos derechos; ocho periodistas murieron y otros tuvieron que huir del país porque temían por su vida. En Haití, la violencia preelectoral se cobró la vida de varios candidatos a las elecciones, miembros de partidos y familiares suyos, así como la de un destacado periodista radiofónico. En Cuba, los individuos y grupos que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación siguieron siendo víctimas de prácticas represivas. Los pueblos indígenas estaban especialmente expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos en países como Brasil, Colombia u Honduras y en
los estados mexicanos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Los defensores de la reforma agraria fueron blanco de ataques en Brasil y Paraguay. En Argentina, Brasil y Ecuador se denunciaron violaciones de derechos humanos contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El hacinamiento, la deficiencia de las instalaciones higiénicas y la falta de asistencia médica hacían que las condiciones de reclusión de algunos países fueran malas y, en ocasiones, constituyeran trato cruel, inhumano y degradante. Se denunciaron condiciones penosas de reclusión en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. En Brasil, las condiciones de reclusión suscitaban una preocupación extrema, y los menores recluidos en unidades dirigidas por la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (FEBEM) en el estado de São Paulo siguieron soportando unas condiciones que constituían trato cruel, inhumano y degradante y sufriendo frecuentes torturas. El Comité de la ONU contra la Tortura condenó el «régimen excesivamente riguroso» de las prisiones de supermáxima seguridad de Estados Unidos. En Argentina, Cuba, México y Perú
siguió habiendo presos de conciencia; en Perú, más de 200 personas acusadas injustamente de delitos relacionados con el terrorismo permanecían en prisión. Aunque la mayoría de los países de la región han abolido la pena de muerte, se recibieron informes de ejecuciones en Bahamas, Estados Unidos y Guatemala. Además de en estos países, había personas en espera de ejecución en Barbados, Belice, Cuba, Granada, Guatemala, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En marzo, Trinidad y Tobago se retiró del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con lo que negó a sus ciudadanos el derecho a recurrir ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Frente a este sombrío panorama, se produjeron también acontecimientos positivos. En México, la elección del presidente Vicente Fox despertó la esperanza de que por fin el país dejara atrás su largo historial de violaciones de derechos humanos, amparadas aún por la impunidad generalizada. En Perú, el final del gobierno del presidente Fujimori abrió nuevas oportunidades de restablecer el Estado de derecho y de mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Desde que ocupó el poder en noviembre, el gobierno de
transición ha tomado una serie de medidas positivas, como la excarcelación de presos de conciencia y el establecimiento de una Comisión de la Verdad encargada de esclarecer las miles de violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 1980. En diciembre, Perú firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La visita de Amnistía Internacional a Granada, Trinidad y Tobago, Curaçao, Jamaica y Bahamas contribuyó a que se iniciara un animado debate sobre los derechos humanos en el Caribe. Continuaron en toda la región los esfuerzos por poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, con algunos resultados positivos y alentadores. Tras su regreso a Chile en marzo, el ex presidente Augusto Pinochet vio cómo le retiraban la inmunidad parlamentaria, lo que permitió que continuaran los procedimientos judiciales entablados contra él por 75 homicidios o «desapariciones» ocurridos durante la llamada «caravana de la muerte». Al concluir el año se habían presentado contra él un total de 202 querellas. En Uruguay, el gobierno estableció una Comisión para la Paz encargada de esclarecer la suerte que habían corrido quienes «desaparecieron» entre 1973 y 1985. En agosto, el presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo fue detenido en
México. Posteriormente, un juez español pidió que fuera extraditado a España en relación con las investigaciones iniciadas por la Audiencia Nacional española sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares de Argentina. En América Central, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucionales las leyes de amnistía del país, mientras que en Guatemala los sobrevivientes de 10 matanzas presentaron ante los tribunales guatemaltecos denuncias por genocidio contra el general Romeo Lucas García, ex jefe del Estado. La Premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú presentó en España otra denuncia contra ex altos cargos gubernamentales de Guatemala. Frente a esta tendencia positiva, la Corte Suprema de El Salvador declaró que la Ley de Amnistía General era constitucional, con lo que perpetuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
Junio 10, 2001
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