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 A
pocos años de su segundo centenario como Nación,
Argentina atraviesa una profunda y compleja crisis económica, política,
social e institucional, que impone la urgente tarea de replantear nuestra
razón de ser como país, sentando las bases para recrear el tejido social y
recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Sin
duda, esta crisis constituye un momento de inflexión histórica difícil y
doloroso, pero frente a la alternativa del caos y la decadencia, las
dificultades del presente también pueden constituir una ventana de
oportunidades para reconstruir un modelo de Nación próspera, equitativa y
solidaria, capaz de replantear su destino colectivo y reinsertarse en el
mundo, aprovechando sus potencialidades y ventajas particulares.
Para
asumir estos desafíos y recobrar protagonismo ante el contexto
internacional, Argentina necesita contar con una clara estrategia de
desarrollo, sobre la base de un modelo de crecimiento económico continuo y
sostenido. La inserción e integración constituye un factor clave porque,
como demuestra nuestra historia económica, los mayores niveles de
crecimiento del país se dieron justamente durante los ciclos de mayor
integración.
En
un escenario de creciente globalización de la economía, no son viables las
“utopías autárquicas”, ni los modelos predefinidos. En el marco de las
profundas transformaciones que han sufrido en las últimas décadas la dinámicas
y fisonomía de la sociedad contemporánea, la competitividad de un país no
está dada ya por la simple existencia de “ventajas comparativas” clásicas
(recursos naturales, geografía) –que son sin duda condiciones necesarias
pero no suficientes para el logro del crecimiento y el desarrollo– sino
por las ventajas competitivas que sea capaz de construir a partir de sus
recursos específicos y del posicionamiento estratégico que consiga adoptar
y proyectar a escala internacional.
Por
lo tanto, hoy resulta imprescindible aumentar el nivel de nuestras
exportaciones, agregándoles valor, incrementando sustancialmente su relación
con el PBI, eliminando trabas y aranceles al sector agroalimentario, núcleo
de la producción de nuestra región. Sin descuidar el desarrollo del
mercado interno, el impulso a las exportaciones será la herramienta que nos
permitirá insertarnos rápidamente y ser confiables ante el exterior. Para
ello, es fundamental el esfuerzo de fortalecer posibles mercados en la Unión
Europea y el ALCA, pero nuestra prioridad hacia el comercio exterior tiene
que seguir siendo el MERCOSUR.
Para
consolidar esta estrategia, será esencial lograr acuerdos sustentables en
el tiempo entre los distintos actores públicos y privados, estableciendo
modalidades nuevas y “virtuosas” de relacionamiento para el logro de una
mayor prosperidad y bienestar general, y de allí que resulte hoy central
replantearnos tanto el rol como la fisonomía del Estado argentino.
 Frente
a las utopías del “Estado mínimo”, y alejando al mismo tiempo el
fantasma del “Estado Predatorio”, sobredimensionado e ineficiente en
muchos aspectos (algo especialmente relevante para América latina en
general y la Argentina en particular), la experiencia internacional
demuestra que en aquellos países que se desarrollaron en la segunda mitad
del siglo XX contaron con Estados activos, verdaderos “agentes de
desarrollo”, con capacidad de gestión estratégica y de negociación,
debidamente articulados con los actores económicos de sus sociedades, sin
descuidar el objetivo de aumentar la prosperidad general.
La
revalorización del rol del Estado en el logro del desarrollo económico, y
la pregunta acerca de qué tipo de Estado es capaz de cumplir adecuadamente
estas funciones, han surgido especialmente de los estudio y reflexiones
derivadas de la experiencia reciente de los países del Sudeste de Asia, que
constituyeron los únicos ejemplos del Siglo XX de naciones que emprendieron
una industrialización capitalista suficientemente exitosa como para alterar
la jerarquía global de naciones. Por ejemplo, nótese que en el transcurso
de una generación, Japón devino la principal economía rival de los
Estados Unidos; en un lapso de tiempo similar, Corea y Taiwán pasaron de
tener niveles de ingreso per cápita similares a los de África a lograr
niveles en algunos casos superiores a los europeos.
Para
los argentinos, asumir este reto no implica emular modelos. Por el
contrario, implica ser capaces de aprender de las buenas experiencias y
lograr superar una situación en la cual el Estado argentino se presenta en
muchos aspectos como “problema”, encontrando mecanismos para que el
Estado pueda ser adecuadamente reformado, constituyéndose así en “parte
de la solución”, parafraseando la fórmula interpretativa formulada
oportunamente por Peter Evans en sus estudios de la experiencia del Sudeste
de Asia.
Sobre
la base de la diversidad de espacios de reflexión sobre las reformas que la
Argentina necesita, y tomando en consideración muchos de los puntos
especialmente destacados en el debate público actual (Mesa de Diálogo
Argentino, iniciativas de organizaciones de la sociedad civil como
Conciencia o Poder Ciudadano, Documentos del Foro Regional Rosario)
consideramos prioritaria la tarea de identificar un núcleo de coincidencias
básicas sobre las cuales avanzar, lo que deberá confluir en una propuesta
de recuperación institucional de la República Argentina, el
fortalecimiento y racionalización del Estado, de su estructura financiera y
del sistema democrático, incrementando la confianza ciudadana hacia lo público
y hacia la clase dirigente.
Sin
pretender ser exhaustivos, propondremos algunos temas que consideramos
especialmente relevantes para orientar la reflexión, discusión y el diseño
de propuestas de reforma, con la voluntad de establecer áreas prioritarias
que deben ser especialmente atendidas en el debate actual.
A
continuación, presentaremos algunas propuestas de reforma política y de
reforma institucional del Estado, que consideramos viales para fortalecer
nuestras instituciones, fortalecer las capacidades del Estado, superar la
creciente crisis de representación que hoy cuestiona el contrato celebrado
entre representantes y representados, y recuperar la confianza ciudadana en
las instituciones y en la esfera de la acción política, pilar de toda
sociedad democrática y abierta al futuro.
Propuestas
para la Reforma Política:
La
modificación del Régimen Presidencialista y la del procedimiento de
Reforma Constitucional, son esenciales, por cuanto constituyen los pilares
de nuestro régimen político, que hoy se encuentra interrogado por la
sociedad y cuestionado en su legitimidad.
Otras
reformas que contribuirían a mejorar la calidad de nuestro sistema de
representación, y en aras de transparentar el funcionamiento de los
partidos políticos, son la unificación de mandatos ejecutivos y
legislativos, con elecciones cada 4 años; la creación de un nuevo régimen
de Partidos Políticos, con internas abiertas y simultáneas, mecanismos públicos
y transparentes de financiamiento y la posibilidad de plantear candidaturas
independientes por fuera de las estructuras tradicionales.
Al
mismo tiempo se impone con toda urgencia eliminación los gastos reservados,
gastos de representación y viáticos excesivos e injustificados en todos
los niveles del Estado.
Propuestas
de Reforma Institucional del Estado:
Atendiendo
a razones de eficiencia y maximización de los recursos públicos,
proponemos que se efectúe una reducción operativa en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional, eliminando ciertas estructuras burocráticas y evitando
la superposición de funciones entre Nación, Provincias, Municipios y
Comunas.
Teniendo
en cuenta el profundo descrédito en que han caído las instituciones del
Poder Judicial, debería realizarse una profunda reforma del Sistema, tanto
a nivel federal como provincial, resguardando así el sentido de equidad y
la seguridad de los contratos.
La
optimización de los Organismos de Control sobre los actos de gobierno en
todos los niveles y responsabilidades (fortalecimiento de los Tribunales de
Cuentas, Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Auditorias
Externas) son medidas encaminadas a aumentar la transparencia de la gestión
pública y lograr mayores niveles de credibilidad de parte de sociedad
civil.
Al
mismo tiempo, atendiendo al objetivo de hacer más transparente la gestión
pública ante la ciudadanía, deben publicitarse las acciones del Estado,
diseñando sistemas de publicación amplia y detallada de la información
presupuestaria y cuentas públicas, por objetivos y resultados.
 La
reestructuración de los sistemas de reclutamiento e incentivos al personal
empleado en el Estado, debe modificarse el marco legal de la contratación
de funcionarios y empleados públicos, incorporando criterios tales como
ingreso por Concurso Público, eliminación de la Estabilidad y reforma del
régimen remunerativo del funcionario público, con incentivos y
bonificaciones en relación a los resultados de gestión.
Para
enfrentar adecuadamente el flagelo de la pobreza, la desigualdad y los
levados índices de exclusión social que golpean a nuestro país, deben
diseñarse sistemas transparentes y eficaces de asistencia social, que
eviten la superposición de programas, la proliferación de intermediadores
entre los programas y los beneficiarios, y corrijan la ineficiencia del
gasto.
La
revisión de los sistemas previsionales nacionales, provinciales,
municipales y privados, debe ser acompañada por la efectiva eliminación de
jubilaciones de privilegio y distorsiones nocivas.
Para
fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales,
regionalizar el país y descentralizar las obligaciones de gastos y
recaudación tributaria de impuestos desde la Nación hacia las Regiones y
las Provincias, son reformas centrales y prioritarias.
La
efectiva institucionalización del principio de Autonomía municipal
(reconocida en la Constitución Nacional de 1994 pero aún sin vigencia en
varias provincias argentinas, entre ellas la de Santa Fe) y la transferencia
de la prestación de servicios básicos hacia las administraciones locales
(atendiendo al criterio de “subsidiaridad”) son acciones encaminadas en
el mismo sentido.
Estos
puntos no constituyen una agenda de gobierno; más bien, pretenden
constituir algunas de las bases que nos permitirán darnos una mejor calidad
institucional y política. La experiencia internacional abunda en ejemplos
de países que lograron sentar las bases para el desarrollo dinámico de sus
respectivas sociedades a través de acuerdos políticos que luego se
extendieron a otros temas (competitividad, seguridad social, legislación
laboral, educación).
Por
lo tanto, es fundamental que los argentinos logremos recrear una visión común
que nos permita definir qué lugar queremos ocupar en el mundo, qué tipo de
sociedad y qué modelo de desarrollo somos capaces de construir,
transparentando y democratizando las formas de hacer política, superando
los déficit de legitimidad de nuestro régimen político actual y,
fundamentalmente, recuperando y fortaleciendo capital social, pilar de todo
proceso de transformación y cambio democrático.
Junio
3, 2002
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