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 Percepción
de la corrupción
La
corrupción es un problema social de difícil cuantificación más allá de
la experiencia personal o de las denuncias publicadas por los medios de
comunicación, no obstante no cabe duda que el tema se ha instalado en la
atención de la sociedad uruguaya desde mediados de la última década. Según
una encuesta (1) (Factum) en 1996 el 54% de los
entrevistados tenía la percepción de que el nivel de corrupción en la
sociedad en general y en la administración estatal en particular era alto o
muy alto, coincidentemente el Tribunal de Cuentas -órgano de contralor del
Estado- decía que el tema de la corrupción cobró importancia luego de las
“graves” denuncias de 1996 (2).
Desde
aquel momento hasta ahora el tema se ha mantenido presente en los medios de
difusión y en la opinión de la gente, sostenido por numerosas denuncias de
corrupción de funcionarios públicos de alta jerarquía, que en algunos
casos han dado lugar a procesos judiciales notorios como el de un ex
ministro de economía. En respuesta a este estado de la opinión pública,
el Parlamento sancionó en 1999 una ley, llamada “Ley Cristal”(3)
que implementa medidas para desestimular las prácticas de corrupción
mediante la obligación de declarar periódicamente (cada dos años) la
relación de bienes e ingresos de los funcionarios públicos de mayor
jerarquía y mediante el aumento en la trasparencia en los procesos de
compras del Estado.
 En
este último año, el intento de prevención de la epidemia de aftosa y el
combate al contrabando por parte del gobierno han puesto al descubierto
importantes organizaciones delictivas que operan en base a la existencia de
funcionarios aduaneros y policiales corruptos. Cabe considerar que según
una encuesta (4) (Cifra, 2001), para el 87% de los
entrevistados el contrabando constituye un problema grave para el país y
esta opinión se ha mantenido en forma prácticamente constante desde años
anteriores cuando el tema del contrabando no era tan publicitado. Según
esta misma encuesta, el pago de “coimas” (5) y
el contrabando en gran escala deberían ser castigados con penas más
severas para más del 70% de los entrevistados en tanto que menos de la
mitad sostiene esta misma opinión cuando se trata de juzgar los delitos de
evasión fiscal o la venta callejera de artículos de contrabando.
La
percepción de una elevada incidencia de la corrupción en la vida de la
sociedad uruguaya no se limita al Estado, recordemos la campaña electoral
del año 2000 en la mutualista “Sociedad Española” (que cuenta con más
de doscientos mil socios), donde se puso de manifiesto una serie de
acusaciones en los medios televisivos capitalinos de prácticas de corrupción
por parte de la administración de dicha institución privada, denuncias que
no conocemos hayan sido formuladas ante la Justicia y que por otra parte no
parecen haber surtido ningún efecto significativo en los votantes ya que
por amplia mayoría reafirmaron la administración denunciada. Con relación
a esto, nos preguntamos: ¿fue así porque los votantes no creyeron las
denuncias o porque directamente no les importo?
Posición
del Uruguay en el índice de corrupción internacional
Por
otra parte, desde el exterior del país la incidencia de la  corrupción
en nuestra sociedad no se percibe con la misma magnitud. Por ejemplo, el índice
de percepción de corrupción que realiza anualmente Transparencia
Internacional (6) (TI) ubicaba en 1997 a Uruguay en
el lugar 35 sobre un total de 52 países y solamente Chile en América
Latina, ubicado en la posición 23 presentaba una mejor calificación. Este
año 2001 Uruguay se ubica en la posición 35 (7)
con 5.1 puntos en un total de 91 países, manteniéndose con un índice
menor que Chile (7.5) pero por encima de todos los demás países de América
(Brasil 4.0 y Argentina 3.5). Desde el punto de vista de la percepción de
la corrupción y tomando en consideración este índice, Uruguay se ubica
por encima de media tabla en el concierto de más de 90 países.
Según
el Vicepresidente de TI Frank Vogl, este
índice refleja la opinión de empresarios, académicos y analistas
independientes, en los países a efectos de registrar la corrupción que
compromete a funcionarios públicos, pero no registra la corrupción en
temas tales como el lavado de dinero, ni los pagos secretos a las campañas
de los partidos políticos ni el soborno por parte de las compañías
multinacionales.
Esta
posición relativa de Uruguay en el nivel de corrupción en América es
percibida del mismo modo por la sociedad uruguaya a juzgar por los resultado
de una encuesta (8) (Cifra, 1999) donde se
indicaba que la mayoría absoluta de los encuestados considera que la
situación en este aspecto es mejor que la que tienen nuestros vecinos, pero
a su vez son más severos a la hora de juzgar el nivel de corrupción
interna que lo que parece indicar el índice internacional mencionado.
Para
explicar esta discordancia es necesario considerar que la corrupción puede
entenderse como una trasgresión a las normas sociales y por lo tanto la
propia variabilidad de esas normas hace que su calificación dependa, en
cada sociedad del sistema de valores vigente y del momento histórico y
social. Por ejemplo es sabido que en Argentina, si un funcionario público
abandona su cargo con un aumento considerable e ilegítimo de su patrimonio
nadie se escandaliza. Es “normal” y a ningún argentino asombra que su
policía de tránsito “invente” causales de multa para recibir la coima
buscada. Por otra parte, en nuestro propio país, es evidente que no se
penaliza socialmente del mismo modo al contrabando en Rivera o Río Branco
que en Montevideo. Lo que en un lugar se considera corrupción, en otro se
le entiende como una “picardía” sin sanción moral y a veces ni
siquiera legal.
Que
se entiende como corrupción
Dada
entonces esta variabilidad, ¿qué se entiende por corrupción? Algunos
estudiosos del fenómeno (9) distinguen la llamada
“corrupción blanca” o sea aquellas conductas que están tan integradas
a la cultura que no se perciben como corruptas, de la llamada “corrupción
negra” o sea todas aquellas prácticas que unánimemente se condenan. Más
allá de estas distinciones relativas al contexto social, no cabe duda que
se catalogan como corruptas aquellas conductas que implican desviación o
abuso de poder en el ejercicio de un cargo, con la intención de obtener un
beneficio privado. Así el soborno, el tráfico de influencias o la aceptación
de ventajas indebidas son ejemplos de conductas corruptas. Con la intención
de establecer normas comunes que permitan coordinar medidas en su contra, se
ha elaborado la “Convención Interamericana contra la Corrupción”
suscripta por el Uruguay en 1998 (10).
Ahora
bien, la opinión pública uruguaya no juzga todos los delitos de corrupción
de la misma manera. Según una encuesta ya mencionada (Cifra, 2001) el 83%
de los entrevistados considera que el pago de coimas debería castigarse con
penas severas, el 74% opina lo mismo sobre el contrabando en gran escala,
pero solo el 41% sobre la evasión impositiva y el 14% sobre la venta
callejera de artículos de contrabando. Como podemos ver, una mayoría
absoluta de los entrevistados considera que la evasión fiscal no merece ser
castigada con penas severas y más del 80% entiende que la venta callejera
de artículos de contrabando tampoco debe ser sancionado con penas severas.
Se advierte que existe una contradicción porque ¿quién no sabe que buena
parte del contrabando en gran escala termina con su distribución al menudeo
en las ferias callejeras?
Por
otra parte, tan solo el 13% de los encuestados admite haber comprado artículos
de contrabando en la última semana, cuando es público y notorio que en
todas las ferias vecinales se comercializa mercadería de contrabando
-fundamentalmente alimentos, ropa y cigarrillos- en forma habitual y
generalizada. Cabe considerar que este porcentaje era del 22% en 1995 cuando
el combate al contrabando no tenía la intensidad que tiene ahora. Es muy
posible que los consumidores no se estén absteniendo de comprar estos artículos
porque son de contrabando sino que tan solo están siendo más reacios a
admitirlo.
Cuáles
son sus causas y consecuencias
 Esta
presunción con relación al consumo de productos de contrabando puede tener
su explicación en que la corrupción además de ser un fenómeno social,
moral y jurídico es también un fenómeno económico. En este sentido hay
quienes consideran a la corrupción como una consecuencia del excesivo
intervencionismo estatal. Cuanto más reglamenta el Estado, mayor poder se
le otorga a la burocracia y mayor es el riesgo de que se formen mercados
negros. Desde esta perspectiva el corrupto sería un “experto en
atajos”, un agente económico que obtiene mayor beneficio en infringir las
normas que en cumplirlas. Visto de este modo, un funcionario corrupto
percibe a su cargo como un negocio cuya utilidad intentará maximizar en la
medida que la relación costo-beneficio le favorezca, mientras que los
empresarios asumirán la coima como un componente más de los costos, sin
cuestionarse demasiado la naturaleza corrupta de su accionar.
Quienes
sostienen esta visión economicista del problema llegan a afirmar que “La
coima es una prima mediante la cual se consigue que un funcionario de
protección frente a la vigencia de una ley costosa... solo se cumplen las
leyes cuyos beneficios sean mayores que sus costos. Ciertamente, no vamos a
combatir la corrupción con campañas de prensa ni tampoco con escándalos
morales. Combatiremos la corrupción eficientemente reduciendo el costo de
la ley” (11)
La
llamada “economía informal” es un ejemplo de corrupción debido a un
sistema institucional de alto costo. Son millones de personal en América
Latina que no tienen otra alternativa que ejercer su actividad económica al
margen de la ley debido al alto costo de la legalidad. Aquí en Uruguay este
problema no ha tenido solución definitiva y más aún, muchos son los
comerciantes establecidos que han preferido “pasarse” a la ilegalidad
debido a que obtienen márgenes de ganancia mayores o al menos, pueden
continuar trabajando.
Lo
cierto es que las prácticas corruptas representan una carga más para las
ya sobrecargadas economías de América Latina, así lo admiten las
instituciones financieras y de auditoria económica internacional. Por
ejemplo, Rosina de Souza del BID afirma (12) que la
comunidad empresarial da muestras de creciente preocupación por la magnitud
del dinero “sucio” que ingresa al sistema y la distorsión que ello
provoca en los mercados de valores, el enriquecimiento ilícito de algunos
gobernantes y los costos indebidos que debe asumir en el acceso a
oportunidades de negocios. No cabe duda que es enorme la cantidad de dinero
de los contribuyentes que va a parar a los bolsillos de los funcionarios
corruptos, basta recordar la magnitud de la coima (37 millones de dólares)
que pagó IBM en el affaire del Banco Nación Argentino entre tantos otros
ejemplos de negociados ilícitos.
Corrupción
y cambio cultural
Por
otra parte, el cambio cultural que implica el pasaje a la era postmoderna
caracterizado por la exaltación del individualismo, el culto al dinero y la
indiferencia hacia la cosa pública representan un debilitamiento de la
cohesión social, una ruptura con la cultura del igualitarismo -clásica del
Uruguay- y heredera de la educación en la escuela pública vareliana,
verdadero crisol de cultura cívica. Estos
nuevos valores sociales y la destructora convicción de que la ley “no es
pareja” son, en nuestra opinión causas de una creciente corrupción en
nuestra sociedad. En este contexto no resulta inmoral pensar solo en uno
mismo, no existe obligación moral hacia el resto de los conciudadanos y por
consiguiente cualquier medio es lícito para ganar dinero.
Así es que el 52% de los encuestados (Cifra, 1999) creen que los
corruptos no son castigados y entre los más pesimistas se cuentan quienes
se sienten más distantes de la política, más indiferentes hacia la cosa pública.
El
Estado, encargado de brindar los servicios básicos y regular la actividad
de la sociedad es percibido como ineficiente y costoso, es visto como un
socio obligado que nada aporta y que se lleva la mayor parte de la ganancia,
resulta entonces “natural” tratar de evadir ese costo y la corrupción
representa una forma de lograr un pago menor. Unido a estos factores económicos,
recientemente hemos visto leyendas pegadas en los vidrios de los automóviles
que dicen: “Achiquen al Estado. Por favor!!!” Quien exhibe este pedido
en su vehículo esta reflejando un verdadero problema y a su vez confesando
su impotencia para hacerlo, porque observen que dice “achiquen” y no
dice en cambio: “achiquemos” como seguramente diría alguien que se
siente parte del sistema, que siente al Estado como parte de una sociedad en
la que el mismo es un protagonista. Esta actitud de distancia de la cosa pública,
esta indiferencia hacia la política no hace más que facilitar un entorno
de aparente impunidad para los corruptos.
Si
el peso del Estado es percibido como excesivos por nuestras sociedades, los
valores de solidaridad e integración social están en decadencia y si además
el cumplimiento de la ley es considerado como un factor de inequidad donde
los pobres son los más perjudicados, se comprende que la corrupción este
en aumento. Revertir esta tendencia es tarea de todos y para ello se
requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad social. La actitud
“vive y deja vivir” y más recientemente “hace la tuya” dejan un
gran espacio para que la corrupción gane importancia en nuestro país. En
fin, sabemos cual es la solución, sabemos que debemos hacer, la pregunta
es: ¿queremos hacerlo?
Mayo
12, 2002
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1)Factum, 1996,
www.factum.com.uy/estpol/anapol/1996/anp96001.html
2)Búsqueda, 1998, www.uc.org.uy/rg081098.htm
3)www.jasesora.gub.uy/ley17060.htm
4)Cifra, 2001,www.cifra.com.uy/co050401.htm
5)Pago o retribución ilegítima.
6)www.gwdg.de/~uwvw/rank-97.htm
7)nacion.com/ln_ee/2001/junio/28/transparencia.html
8)Cifra, 1999, www.cifra.com.uy/co240199.htm
9)Arocena Rubén, “Corrupción, elites, democracia y valores, www.monografias.com
10)www.jasesora.gub.uy/ley17008.htm
11)Ghersi Enrique, “La corrupción es efecto, no causa”, www.elcato.org/corrup_ghersi.htm
12)www.clad.org.ve/rosina.html
Mayo
12, 2002
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