¿Crisis del Estado-Nación ó Cambios Estructurales? Por la Lic. Patricia Rojo y Lic. Sabrina Benedetto

El contexto nacional e internacional de fin de siglo se caracteriza por la presencia de nuevos actores políticos, económicos y sociales que han adquirido mayores márgenes de maniobra. En diferentes proporciones y con distintas modalidades, estos nuevos actores han invadido el campo de acción del Estado, tanto a nivel interno como externo, a través de la captación de mayores márgenes de maniobra derivados del proceso de globalización, la flexibilidad y penetración tecnológica y la autonomía y la diversidad de los medios de comunicación(1). Esta nueva situación presenta para el Estado nuevos desafíos, ya que, el mismo se encuentra afectado por una pérdida de autoridad y de legitimidad que en muchos casos llega a cuestionar la propia identidad soberana.

Desde la Paz de Westfalia el Estado fue concebido como el actor central tanto a nivel interno como externo. En el plano interno, dicha centralidad fue concebida por la corriente contractualista como la resultante de un acuerdo social que daba base a la legitimidad del estado. El Estado, para esta corriente del pensamiento político, aparece como árbitro ante los conflictos sociales; a través del uso legítimo de la fuerza goza del poder suficiente para ejercer un poder de policía necesario para salvaguardar las garantías individuales y la paz social. Si bien, para los contractualistas, el sistema de mercado como institución se ubica en la esfera de lo privado, diferenciándose de lo público, sólo puede funcionar en medio de una racionalidad que el Estado como institución legítima puede garantizar. Así recae en el Estado la responsabilidad de garantizar las condiciones suficientes para el desarrollo de las capacidades productivas, económicas y comerciales. La paz social es condición previa para el progreso económico y social de una nación. Sin embargo, hoy el mercado parece haber suplantado al Estado en su rol de coordinador de la actividad económica. El creciente liberalismo económico, que se difunde a escala global, ha replanteado esa visión contractualista, donde el mercado aparecía limitado por la centralidad del Estado como actor soberano que gozaba de la responsabilidad de dar un marco de orden interno necesario para el desarrollo de las relaciones privadas. El mercado hoy, es concebido como una mano invisible que cuenta con una racionalidad propia que supera la racionalidad del orden garantizado por el Estado, al menos en términos económicos, para imponer la competencia como único mecanismo efectivo para alcanzar el desarrollo y el progreso.

El mercado concebido de esta manera, la aparición de nuevos actores que interactúan en el sistema internacional, la profunda interconexión de áreas temáticas y el desdibujamiento de las fronteras nacionales como productos del proceso de transnacionalización, en la actualidad socavan el histórico rol soberano del Estado. Sin embargo, dicha institución no sólo se ve amenazada por la competencia económica internacional, sino que a su vez comienza a percibir un alto grado de cuestionamiento interno derivado de nuevos procesos. La sociedad civil ha empezado, no sólo a reclamar la satisfacción de sus intereses sino que, en muchos casos, pelea por nuevas alternativas políticas y sociales, como medio necesario para salvaguardar necesidades básicas.

La evolución del sistema capitalista en las últimas décadas ha dado lugar a cambios estructurales que encuentran su raíz en el acelerado ritmo de los conocimientos científicos y el cambio tecnológico. La tierra, la mano de obra y el capital ya no son factores claves de la producción sino que ahora la importancia recae sobre la combinación del capital, la información y la energía, a la vez que, la producción para los mercados locales y nacionales cede lugar a la producción para los mercados globales (2).

Los cambios mencionados han traído como consecuencia una profunda concentración del poder económico a escala global que ha acentuado las diferencias entre los Estados al mismo tiempo que se han acrecentado las diferencias económicas y sociales a nivel interno. De ello, que esta nueva forma de desarrollo del sistema capitalista no siempre cuente con una base de apoyo a nivel social y haga desestabilizar al estado como institución, a través de la pérdida de autoridad y legitimidad.

La rapidez del cambio tecnológico, la mayor movilidad de los flujos financieros, de masas poblacionales y de capitales parecen desdibujar las fronteras nacionales y eso atenta contra la posibilidad estatal de definir políticas en estas áreas de cuestiones. Así, nos encontramos con una agenda internacional de mayores dimensiones por la incorporación de cuestiones que sobrepasan lo tradicionalmente entendido por áreas exclusivas de la actuación estatal.

El profundo proceso de transnacionalización que presenciamos ha transformado a la interdependencia en un patrón de relacionamiento tanto a nivel estatal como privado. No sólo los Estados son interdependientes entre si, sino que, las economías nacionales están cada vez más interrelacionadas. Empresas que producen en diferentes países, responden a las políticas que se diseñan y se imparten desde los países centrales, donde se ubican los centros de decisiones y donde tiene su origen el capital transnacional. Además, las cuestiones políticas, culturales, sociales y ecológicas se han transformado en áreas de preocupación global. Un desastre ecológico que pueda ocurrir en cualquier lugar del mundo, tiene repercusiones a escala global, dado que las comunicaciones hacen que la noticia se desparrame instantáneamente hasta cualquier rincón del planeta. Las diferentes culturas, por su parte, tienen contactos cada vez más profundos y ello hace que la más fuerte puede influenciar notablemente sobre las demás. Proceso que ha dado origen a una cultura que intenta consolidarse a nivel global a través de la imposición de valores y principios fundamentales sobre los cuales debe basarse la sociedad para alcanzar un mayor grado de desarrollo y bienestar.

Susan Strange, resume a los cambios estructurales a nivel internacional de la siguiente manera (3):

Hay un gran número de asimetrías de la autoridad de Estado. Mientras que el gobierno de Estados Unidos puede haber sufrido cierta pérdida del control de la autoridad, la pérdida ha sido frente a los mercados y no frente a los otros Estados; en tanto que para los otros Estados, su vulnerabilidad ha crecido notablemente no sólo de cara a las fuerzas de los mercados mundiales sino también de cara al mayor alcance global de la autoridad de Estados Unidos (4).

Cierta autoridad sobre asuntos menos sensibles políticamente ha pasado de los Estados nacionales a autoridades internacionales de varias clases, tanto instituciones interestatales como organizaciones privadas y comerciales. O sea un cambio hacia arriba, y hacia los lados (5). En este punto consideramos también oportuno, agregar que se dan casos de países donde el cambio de autoridad se ha dado hacia abajo, o sea que la autoridad central ha perdido poder para pasar a las autoridades locales o regionales. En otros, como el colombiano, el poder estatal es cuestionado por grupos guerrilleros que se han aliado con los narcotraficantes como modo de dar batalla a las instituciones democráticas.

Como resultado de la integración de la economía mundial, en finanzas, transporte, comunicaciones y producción, aparecen responsabilidades importantes para las autoridades políticas, que nadie, en un sistema de Estados territorialmente definido están en posición de ejecutar completamente.

Tomando como base el supuesto de que el proceso de transnacionalización no sólo tiene como consecuencia profundos cambios a nivel internacional sino que a su vez nos impone un replanteo de la función y las capacidades del Estado–Nación, intentaremos hacer una breve reseña acerca de cuales son las dimensiones sobre las cuales es necesario reflexionar para poder diagnosticar las principales amenazas a esta institución. Para ello, también tenemos en cuenta que el sistema internacional lejos de ser anárquico presenta una creciente tendencia a la jerarquización que se retroalimenta a través de la presencia de Estados capaces de influenciar al resto de la comunidad internacional por medio de la imposición de pautas culturales, políticas y económicas. La formación de una cultural global, por su parte, está apoyada por un grado de institucionalización internacional, que por más que aún es incipiente, nunca antes había alcanzado un grado tal de desarrollo. La Organización Mundial del Comercio, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional actúan como mecanismos de diseminación de la cultura global, avalando la cultura occidental como un modelo a seguir, a pesar de no gozar de consenso mundial.

La creciente pérdida del poder estatal a nivel internacional y los cuestionamientos internos que sufren los estados ha hecho aparecer nuevas formas de definición de soberanía que nos llevan a pensar que ésta no es un atributo absoluto, sino que por el contrario se ha transformado en un atributo relativo, pues puede ser alcanzado en diferentes dimensiones.

Si bien sigue vigente el concepto de soberanía jurídica, a través del cual se le reconoce a los Estados su capacidad para detentar el poder sobre un territorio determinado, ha aparecido, tal como lo señala el Profesor Juan G. Tokatlian, nuevas nociones de soberanía que abarcan cuestiones antes no tenidas en cuenta para el análisis de la capacidad soberana de los estados. Según este autor, en la actualidad la noción de soberanía tiene tres formas de ser definida; jurídicamente, políticamente y operativamente (6).

Jurídicamente, la soberanía es entendida como el derecho que adquiere un estado al ser reconocido como tal por parte de la sociedad internacional y que hace que detente la capacidad de controlar un territorio determinado donde él es el garante de la seguridad. Al amparo de esta dimensión podemos decir que existe una igualdad de los estados en el marco del sistema político internacional. En la medida que un estado es reconocido como tal, goza de los mismos derechos y atribuciones que el resto de sus pares y por ello es sujeto de derecho internacional.

La definición política de soberanía es aquella que hace referencia a la capacidad de un Estado para garantizar bienestar a sus habitantes, más allá de la seguridad militar. La soberanía definida desde el plano positivo es detentada por aquellos estados que garantizan un bienestar mínimo a sus habitantes en términos de calidad de vida, condiciones de desarrollo y participación política.

Por último, la noción de soberanía operativa hace referencia a que un Estado es soberano en la medida que cuenta con la capacidad suficiente para poder guiar y coordinar transacciones económicas que son utilizadas para lograr un mayor grado de desarrollo en términos económicos.

Son estas dos últimas dimensiones las que incorporan la posibilidad de distinguir el grado de soberanía de que goza un Estado. En el sistema internacional podemos distinguir Estados que detentan la soberanía en sus tres dimensiones, algunos que detentan dos de ellas y otros, que dado su escasez de atributos detentan solo la dimensión jurídica. Coincidiendo, una vez más con el profesor Tokatlian, podemos citar que Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea (como región) (7) y China son los Estados que cuentan con mayores atributos y por ende, con el poder necesario para detentar una soberanía que abarca las tres dimensiones. Por su parte, Canadá, Alemania (8), Japón e India están dentro del grupo de Estados que cuentan con la capacidad de detentar al menos dos de las tres dimensiones de la soberanía. Si bien estos países, además de ser soberanos en términos jurídicos y garantizar el bienestar y seguridad de sus habitantes, encuentran limitada su soberanía operativa por las preferencias y poder de otros Estados con mayores márgenes de maniobra a nivel internacional. El resto de los países son soberanos en términos jurídicos pero no tienen las capacidades suficientes como para garantizar el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos como tampoco cuentan con suficiente capacidad de transacción y negociación internacional para imponer sus preferencias tanto frente a otros Estados como ante los sectores económicos privados que operan en el ámbito global.

De este modo, la soberanía de un Estado ya no es una cuestión exclusiva del reconocimiento que sus pares hagan de su condición de tal. Por el contrario, su poder soberano depende de su capacidad de maniobra política, social y económica tanto a nivel interno como externo.

En el plano interno, la soberanía hoy es cuestionada en la medida que distintos sectores sociales no encuentran garantizado su inserción nacional tanto en el plano económico como político. El conflicto interno que sufre Colombia como consecuencia del enfrentamiento de los paramilitares, el narcotráfico, la guerrilla y el estado nacional, es una muestra clara de la forma en que un estado ha perdido su capacidad soberana de controlar la situación interna y por ende garantizar el control del territorio y la seguridad de sus habitantes.

La soberanía así entendida nos da la pauta de que el sistema internacional cuenta con una jerarquía determinada. Jerarquía que deriva de la diferencia que presentan los Estados en el sustento de la soberanía y que permite a algunos de ellos mantener mayores cuotas de poder y maniobra internacional tanto en las relaciones interestatales como en las transnacionales.

Desde una visión internacional, la centralidad del Estado como actor único podemos decir que adquirió relevancia a partir de la búsqueda de mayores recursos productivos. Una concepción territorialista hizo durante el último siglo y medio pensar en la necesidad de una Estado fuerte como único medio capaz de lograr la supervivencia a través de la conquista territorial y la imposición del poder. La política de poder, explicada por la escuela realista, que surge a mediados del siglo XX, parece sintetizar la lógica de la competencia estatal que permite no solo alcanzar la supervivencia y el desarrollo, sino que garantiza la supremacía del Estado como actor del sistema internacional. Es en esta lógica, donde la soberanía definida jurídicamente pareció ser la única forma de entender cual era el alcance del poder estatal para garantizar su supervivencia y desarrollo. Pero la aparición de nuevos actores en el contexto internacional y un cambio en la naturaleza de la competencia estatal, hoy hacen necesario buscar modelos alternativos que nos permitan analizar la realidad internacional desde visiones más abarcativas.

El Estado, en la actualidad, encuentra limitado su accionar como producto de una estructura internacional donde él ya no es el actor único sino que debe enfrentarse a una nueva realidad de competencia internacional con otro tipo de actores. La realidad del Estado, se complica más si pensamos como la pérdida de dicha centralidad internacional trae aparejados cuestionamientos internos. Cuestionamientos que aparecen sobre todo en aquellos casos de países que deben ajustar su comportamiento económico a recetas que provienen de los foros de negociación internacional comprometiendo su bienestar y su desarrollo autónomo. Para los países menos desarrollados las opciones con que cuentan no son demasiado alentadoras ya que deben elegir entre comprometer su inserción económica internacional a través de la aplicación de recetas económicas populares, o bien subsumirse a las reglas del liberalismo económico imperante a escala global, el cual no siempre beneficia a la mayoría de la población. Dado que el poder del Estado, no sólo se legitima a través de su control exclusivo del uso de la fuerza, fronteras adentro, sino que también lo hace a través de su capacidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de una nación, podemos observar como para el caso de los países menos desarrollados la relación entre política interna y política externa, se ha tornado más intensa y conflictiva.

El proceso de transnacionalización le da una dinámica distinta a las relaciones entre los distintos actores, sean éstos de carácter económico, político o social. Las empresas multinacionales, los organismos no gubernamentales y las agencias interestatales se relacionan ilimitadamente y ello hace que los conflictos y áreas de confrontación traspasen el área de influencia estatal. Estos conflictos se dan dentro de una lógica de interconexión de áreas donde a veces los Estados son meros instrumentos al servicio de actores que han logrado imponer sus intereses por sobre los del resto de la sociedad civil. La relación del Estado con estos nuevos actores, que han adquirido mayores márgenes de maniobra, pone en juego su actuación soberana tanto a nivel político como operativo, a través de la afectación de áreas donde antiguamente el Estado era el único actor capaz de decidir. La interconexión de áreas y la interdependencia derivadas del proceso de transnacionalización han provocado que los Estados no puedan ejercitar sus tradicionales funciones sin recurrir a formas de cooperación y coordinación internacional (seguridad, desarrollo económico, protección de la salud, seguridad social, etc.). Son las propias demandas internas de las naciones las que exigen a los gobiernos a entrar en relaciones más estrechas con los sujetos que operan a nivel transnacional y que se ocupen de problemas que pertenecen preferentemente a dicho nivel; es decir, que las políticas nacionales ya no son pensadas sólo en términos internos sino que están fuertemente influenciadas por las políticas globales.

Podemos afirmar que la existencia de un sistema interestatal no está en cuestionamiento sino que más bien lo que se encuentra bajo discusión es la naturaleza de la competencia estatal. Esa competencia ya no pasa por una cuestión territorial sino más bien por una captación de recursos que se mueven a nivel transnacional y que son concebidos como base para un desarrollo sostenido en el plano económico y político. Los recursos económicos han adquirido una movilidad tal, que traspasan rápidamente las fronteras que definen el campo de actuación soberana del Estado.

Esta realidad, sin embargo no afecta por igual a todos los estados. La pérdida de soberanía y poder estatal es asimétrica. Los estados más poderosos son quienes se encuentran en mejores posiciones de poder y son menos afectados que los países más pobres. El gran desarrollo económico de Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón les facilita su relacionamiento con los nuevos actores que han adquirido relevancia dentro del sistema internacional. Como ejemplo de ello podemos mencionar la privilegiada relación que estas naciones gozan con el capital financiero y económico internacional. Ellos son los países que detentan mayores atractivos en términos de mercado interno, seguridad jurídica para las inversiones, contando con una más estrecha relación con el sector privado como consecuencia de ser exportadores de flujos de capital. Los intereses económicos de estos países parecen presentar menos puntos de conflicto con el capital privado en términos de intereses. Su crecimiento y desarrollo se ven menos afectados por decisiones de orden privado, al mismo tiempo que son también estos países quienes tienen la capacidad de imponer y difundir reglas de juego. La política macroeconómica de Estados Unidos lejos de perder importancia se ha transformado en la actualidad en un dato clave para la evolución del sistema económico – financiero internacional. La política macroeconómica de la Unión Europea, por su parte, tiene amplia repercusión sobre los países de menor desarrollo a nivel global y la de Japón se proyecta como el modelo a guiar el desarrollo de los países del sudeste asiático, a su vez que va adquiriendo cada vez mayor importancia para los propios países desarrollados. La influencia que las políticas macroeconómicas de los tres centros de poder económico se puede visualizar claramente al analizar como responde el capital financiero y económico internacional a los estímulos que de ellas derivan. La expansión o retracción de los flujos de inversión extranjera y flujos financieros a nivel global, muchas veces depende de las decisiones que se toman en el orden interno de los países más desarrollados. Así, podemos observar como la suba o la baja de la tasa de interés en los Estados Unidos es un dato fundamental que marca la retracción o expansión de los flujos financieros en el orden global y como el nivel de subsidios agrarios aplicados por la Comunidad Europea se convierte en una barrera de gran peso para la comercialización de los productos primarios de gran parte de los países menos desarrollados.

En el caso de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo la relación con los actores no estatales se ve empañada por la dicotomía de intereses que existe entre ellos. Los intereses nacionales para este tipo de países no siempre tienen su correspondencia con los de los demás actores del sistema internacional. Las tendencias del sistema internacional, son para los países menos desarrollados una red que limita su accionar tanto en términos políticos como económicos y por ende, cuestiona su capacidad soberana tanto política como operativamente. Sus capacidades son sobrepasadas por las de otros tipos de actores que comprometen con su accionar el desarrollo y la evolución interna de los países menos desarrollados. La fuerza política de los estados más poderosos y la fuerza económica de éstos, sumados a la amplia capacidad de maniobra de nuevos actores son impedimentos que los países menos desarrollados deben buscar de sortear a través de políticas nacionales que muchas veces no cuentan con un alto grado de legitimidad interna. La sociedad civil, ha adquirido, de este modo, una mayor relevancia como actor interno a la vez que su posicionamiento adquiere una relevancia transcendental fronteras afuera del Estado nación.

Existe una noción de soberanía recortada dada las asimetrías de poder entre los estados (9). Dicha noción es producto de la transnacionalización creciente que se ha dado a partir de la década del setenta y ello contribuye a que los países más desarrollados, que a su vez son quienes cuentan con la capacidad soberana en sus tres acepciones, se beneficien de un excedente de legitimidad gracias a que logran globalizar su cultura a través de su poder económico y político que transciende sus fronteras.

Procesos de regionalización; ¿una forma de salvar asimetrías en cuanto a poder estatal o una fuente más, de pérdida de soberanía del estado nación?

Los procesos de regionalización son una realidad que, para muchos autores, significa otra fuente de pérdida de soberanía estatal. Sin embargo, teniendo en cuenta las tres dimensiones de soberanía que detallamos anteriormente, esta afirmación parece perder relevancia, dado que el bienestar de los habitantes de un país y la adquisición de mayores márgenes de maniobra y negociación a nivel internacional a veces se adquieren por medio de procesos de integración. Si bien estos procesos hacen perder autonomía al Estado – nación, la compensan con el fortalecimiento institucional y la pérdida de marginalidad a nivel internacional. La soberanía jurídicamente entendida, es condición individual de un estado, pero al analizar las dimensiones política y operativa de este concepto cabe pensar que ellas pueden ser alcanzadas de forma compartida. Un ejemplo de ello es la Unión Europea, la cual hemos situado como una actor internacional que goza de las tres dimensiones de la soberanía. Sin embargo, al analizar individualmente a cada miembro por separado el alcance de su poder soberano deja de situarse a nivel de las tres dimensiones. Para los miembros de este proceso de integración creemos oportuno utilizar lo que se denomina soberanía compartida. El autor mexicano Aguilar Villanueva al respecto dice: “La regionalización afecta lógicamente la autonomía soberana de los Estados – nación y perfila realmente lo que empieza a llamarse soberanía compartida –con otros Estados nacionales-, la cual a primera vista puede ser entendida y enjuiciada como pérdida y limitación de la soberanía nacional, pero posteriormente puede ser tal vez entendida y apreciada como la necesaria estrategia dialéctica –negar la actual realidad para conservarla y superarla- que el Estado – nación ha de emprender para mantener los márgenes de maniobra suficiente a fin de poder defender y promover los intereses nacional, a la vez que asegurar la dignidad, bienestar y viabilidad de la sociedad” (10).

Parece ser entonces, que los procesos de regionalización son una forma de hacer frente a la creciente interdependencia económica y a las desventajas que ella implica en términos de soberanía del Estado – nación. Esta opción, que ha devenido por fuerza de la historia, lejos de significar la desaparición del Estado – nación, implica una oportunidad para defender la supervivencia de las instituciones nacionales capaces de entrar en crisis como consecuencia de no dar opciones de desarrollo a sus integrantes.

A nuestro entender, la marginalidad social y económica en que pueden estar inmersos distintos sectores sociales de un estado – nación, es mucho más peligrosa como fuente de conflicto y desintegración, que la pérdida de autonomía que puede sufrir un Estado como consecuencia de estar inserto en un proceso de regionalización. De ello, que la soberanía en su dimensión política, se transforme en una encrucijada para las naciones menos desarrolladas. En la medida que no se logra cumplir con las expectativas de los habitantes de un país, tanto en términos sociales, políticos y económicos la supervivencia del mismo transita por una cuerda floja capaz de hacerlo saltar al vacío.

La transnacionalización tiene no sólo un impacto económico sino que también ha dado lugar a la conformación de una cultura global, que si bien es fuente de progreso cuenta con una contra cara negativa para muchos países menos desarrollados donde ha acentuado las diferencias internas en el plano social y cultural. La influencia de la cultura dominante no es igual ni homogénea para todos los países como tampoco lo es hacia el interior de los mismos. En muchos casos, además de posibilitar el acceso a mayores avances tecnológicos y dotar de mayor información ha profundizado las diferencias internas, dando lugar a un quiebre social que lleva a la aparición de un proceso de fragmentación. Los valores y normas de esta cultura global, en los países menos desarrollados, sólo son compartidos por las elites dominantes y sectores nacionales que, dado su bienestar económico, se sienten insertos a escala global. Podemos decir que estos sectores son los que se encuentran más occidentalizados o americanizados. Mientras que los sectores más desprotegidos y o desfavorecidos parecen insertarse en una lógica de desculturización que los hace reaccionar frente a la estandarización a través de la reivindicación de la voluntad de los sujetos individuales para definir sus propios valores y reglas. Este es otro proceso que mina la legitimidad del Estado, tanto internamente como externamente. La fragmentación es un proceso esencialmente sociopolítico causado por grupos sociales que como consecuencia de una falta de identificación con las instituciones estatales o simplemente con los gobiernos de turno buscan autogobernarse, es decir, elegir sus propias instituciones y darse sus propias leyes. Dicha tendencia, produce un efecto de deslegitimización interna en los países menos desarrollados.

La deslegitimización de las instituciones aparece como producto de la disconformidad que presenta una parte importante de la sociedad civil y ello se ve acentuado en los países menos desarrollados. En la medida en que un Estado no logra encontrar alternativas de desarrollo nacional o encuentra algunas que significan un alto grado de marginación social, cultural y económica, las instituciones se transforman en el blanco de las críticas que la sociedad civil promueve dado la insatisfacción de sus necesidades básicas.

En muchas partes del mundo, esta insatisfacción ha dado lugar a que la religión y la identificación cultural se manifieste por medio de movimientos integristas o fundamentalistas que llenan el vacío que el Estado - nación y el nuevo orden mundial no son capaces de llenar para muchos individuos, grupos y etnias. Este tipo de reacciones que tienen como objetivo, reafirmar diferencias como forma de oposición a la globalización de la cultura también tienen consecuencias negativas para el Estado – nación, ya que producen un quiebre interno capaz de hacer caer el pacto social en el cual se fundamenta la legitimidad de las instituciones. A modo de ejemplo podemos citar el caso de la Crisis Yugoslavo y el caso de Kosovo.

A modo de reflexión, cabe preguntarnos si una de las herramientas más fuertes a la que ha apostado la cultura occidental (la imposición cultural) no será acaso su propia espada de Damocles en la medida que provoca fuertes reacciones por sectores que no se siente parte de la misma

La propia evolución de la historia nos demuestra que lejos de perpetuarse, las instituciones han nacido, se han desarrollado y han presenciado su propia muerte. Sin embargo, la muerte de las instituciones no siempre ha sido causa de un determinismo histórico. Por el contrario, la falta de adaptación y ductilidad siempre han sido factores que han estado presentes en las grandes crisis institucionales. Creemos que es hora de entender que los cambios no siempre significan la muerte de las instituciones, sino que ellos a veces pueden ser la garantía de su supervivencia. Por eso, en nuestro trabajo hemos intentado, aunque con limitaciones, repensar ciertos aspectos que incumben al Estado – nación y que creemos son los más relevantes para entender porque se habla de crisis del Estado.

La actual crisis del Estado – nación, no tiene un solo origen, sino que es producto de una serie de cambios estructurales que demandan un replanteo acerca de cuales serán en el futuro sus ámbitos de incumbencia y cuáles serán sus márgenes de maniobra. Sin embargo, para poder hacer esto cada Estado – nación deberá poner en claro ciertas cuestiones como:

El rol que dentro del sistema internacional ocupa. El sistema internacional lejos de ser anárquico está demostrando que ha logrado una jerarquización que tiene sus fuentes en el grado de legitimidad y éxito que cuenta cada Estado - nación.

El grado de soberanía detentado. Una revisión de las dimensiones jurídica, política y operativa de la soberanía hará delimitar cuales son las ventajas y desventajas con que cuenta y es a partir de ellas que se debe basar una estrategia de acción tanto interno como externo.

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6.Tokatlian, Juan Gabriel; Diario Clarín, 6 de enero de 2002, Sección Zona, pag.11.Buenos Aires.

7.La Unión Europea es un caso de soberanía compartida, típica de los procesos de regionalización; este concepto será trabajado en otro punto del trabajo, por la importancia que el mismo detenta.

8.Nótese, que Alemania como estado-nación individual difiere de su capacidad soberana de la que detenta la Unión Europea, proceso de interacción en el cual este país es partícipe.