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Las
protestas en contra de la corrupción gubernamental y la impunidad durante
los meses de marzo y abril nos sirven para recordar a presidentes de América
Latina que han sido presionados a renunciar en medio de protestas por su
involucramiento en graves actos ilícitos y conductas antiéticas, y para
destacar a mandatarios actuales que enfrentan fuertes demandas ciudadanas o
juicios por su involucramiento en la corrupción.
Los
presidentes que aparecen acá tienen mucho en común. La corrupción floreció
en sus gobiernos por carecer de controles y por faltas en la aplicación del
estado de derecho. Compartieron un estilo autoritario y mantuvieron o
mantienen relaciones muy tensas con los medios de comunicación en el afán
de callar las críticas o la exposición de la corrupción. Atacaron
verbalmente a la prensa o intentaron socavar su labor periodística con
acciones legislativas (de desacato, de mordaza, de colegiación obligatoria,
de contenido, etc.). Durante el último año muchos han mantenido una
constante confrontación también con la cúpula empresarial que ha sido
instrumental en las manifestaciones y paros. Y, muy importante, aunque las
protestas en su contra ocurrieron bajo los gritos de la anticorrupción,
frecuentemente lo que las generó fue el descontento popular por la situación
económica que la misma corrupción provocó.
Actualmente
el clamor popular en contra la corrupción está tomando más calor en
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Argentina y probablemente continuarán
en Venezuela. Durante los meses de marzo y abril 2002 se han ampliado
significativamente las manifestaciones, cadenas humanas, caravanas de
protestas y otras acciones civiles para presionar por el fin de la
impunidad, la sanción severa a los corruptos y la renuncia de altos
funcionarios cuyas administraciones han sido caracterizadas por la rampante
corrupción. Entre las nuevas agrupaciones organizando protestas se
encuentran:
 Guatemala:
la Coordinadora Nacional Sindical y Popular, el Movimiento Cívico (MCG) y
el Foro Guatemala
Nicaragua:
el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, el Movimiento Pueblo Limpio
y el Comité de Nicaragüenses Pobres en el Exilio
Panamá:
el Movimiento
Ciudadano Anticorrupción y el Consejo Nacional de Pastoral Social Cáritas
Perú:
Coordinadora Civil
Venezuela:
Coordinadora Democrática de Acción Cívica y Coordinadora General de
Primero Justicia. La
Coordinadora Civil está realizando movilizaciones a partir de la primera
semana de abril todos los jueves para concientizar a la población por los
daños que el flagelo le ha causado al Perú. Estas acciones dirigen un
mensaje a los servidores públicos de que la paciencia de la población está
llegando a sus límites máximos y que se requiere el castigo para los y las
corruptas, así como el reintegro del dinero mal habido.
Además,
en Guatemala, el Movimiento Cívico está recogiendo firmas para demandar la
renuncia del presidente de la República, Alfonso Portillo, y del
vicepresidente, Juan Francisco Reyes. Y en Nicaragua, Edén Pastora, ex
comandante guerrillero sandinista, conocido como "Comandante
Cero", arrancó un movimiento civil nacional contra la corrupción que
contempla la realización de una multitudinaria concentración el 14 de mayo
frente al Parlamento para exigir a los legisladores que destituyan a Arnoldo
Alemán como diputado y titular de la Asamblea Nacional.
Aún
más, hay nuevas iniciativas gubernamentales, como la del municipio de
Acapulco, estado de Guerrero (México), encabezado por el perredista
Zeferino Torreblanca, que pondrá en funcionamiento a más tardar en mayo próximo
un plan de cazadores de funcionarios corruptos, y por cada cabeza denunciada
o entregada darán en recompensa hasta 10 mil pesos.
Todos
estos hechos enseñan que solo a través de la presión y movilización
ciudadana puede lograrse que la corrupción gubernamental sea expuesta y que
los funcionarios involucrados respondan por ella. También muestra el
valioso papel que pueden desempeñar los medios de comunicación cuando se
apartan de los intereses oficiales y asumen con compromiso su papel
fiscalizador frente a las instancias gubernamentales.
En
cuanto a los empresarios que están tomando el control de los gobiernos,
como ha sucedido por las vías democráticas en México y Honduras, o por métodos
golpistas, como intentaron hacerlo en Venezuela, aún les queda por
demostrar que las críticas populares hacia ellos - de que sus fines son
oportunistas - no son válidas y que harán todo lo posible para no ser
parte de esta Galería de los corruptos latinoamericanos.
Fernando
Collor de Mello,
Presidente de Brasil (1990-92). Renunció
en medio de masivas manifestaciones populares relacionadas a su
involucramiento en escándalos de corrupción.
Carlos
Andrés Pérez,
Presidente de Venezuela (1974-79, 1989-93).
La Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de malversación a 2
años y 4 meses de arresto domiciliario, que cumplió en su residencia.
Carlos
Salinas de Gortari,
Presidente de México (1988-1994). Salinas
desapareció del país en medio de graves acusaciones de corrupción como el
blanqueo de dinero, enriquecimiento inexplicable, y entre otras, de fraude
electoral y hasta por conspiraciones para cometer asesinatos. Otro factor
que precipitó su salida fue la detención de su hermano Raúl por corrupción
y asesinato.
Alberto
Dahik Garzón,
Vicepresidente de Ecuador (1992-96). La
Corte Suprema resolvió que Dahik era responsable de corrupción y peculado.
Terminó fugándose al extranjero y fue declarado prófugo de la justicia
ecuatoriana.
Abdalá
Bucaram,
Presidente de Ecuador (1996-97). En
medio de una protesta generalizada, fue destituido el 6 de febrero 1997 por
el Parlamento al ser declarada su incapacidad mental para gobernar. Huyó
del país antes de que la Corte Suprema dictara en su contra una orden de
captura y extradición para hacer frente a las acusaciones de malversación
de fondos.
Raúl
Cubas,
Presidente de Paraguay (1998-99)
Durante
una insurrección popular en marzo 1999, desatada por el asesinato del
vicepresidente Luis María Argaña, la Cámara de Diputados aprobó por
mayoría de dos tercios iniciar el juicio político en el Senado al
presidente Cubas por "mal desempeño de sus funciones". Pocos días
después la Fiscalía General lo denunció por el uso ilegal de fondos públicos
para financiar una campaña de agitación y la retirada de 700.000 dólares
del Banco Nacional de Fomento y su transferencia a la Presidencia de la República
en los días previos a la dimisión y partida de Cubas hacia Brasil. En
febrero 2002 regresó a su país.
Jamil
Mahuad,
Presidente de Ecuador (1998 -2000).
Fue involucrado en muchos casos de corrupción que incitaron protestas
masivas y su huida del país en enero 2000. El 13 de julio la Corte Suprema
de Justicia de Ecuador dictó una orden de prisión en contra Mahuad acusándolo
de "malos manejos administrativos" en referencia a los decretos de
congelación de depósitos bancarios y de dolarización de la economía.
Alberto
Fujimori,
Presidente de Perú (1990-2000). En
noviembre 2000, huyó del país en medio de masivas protestas de varios
millones de peruanos que terminaron por bloquear su régimen caracterizado
por la gigantesca corrupción cuyas manifestaciones continúan revelándose.
Los sobornos que ejercía su Asesor de Seguridad, Vladimiro Mortecinos, ha
superado cualquier otro antecedente de corrupción en la región.
Hugo
Chávez,
Presidente de Venezuela (1999 al presente). La
crisis política vivida en Venezuela durante el mes de abril, que significó
el golpe del estado en contra del presidente Chávez y su regreso pocos días
después, está marcada por luchas ideológicas que involucran aún a los
medios en favor y en contra del mandatario. Protestas sobre la corrupción
gubernamental - que surge de una administración que carece de controles,
eficaz auditoria y transparencia - fueron socavadas por esta politización
de la oposición. Sin embargo, la corrupción durante su régimen,
especialmente en las Fuerzas Armadas, es bien conocida.
Juan
Carlos Wasmosy,
Presidente de Paraguay (1993-98). En
abril 2002 fue condenado a cuatro años de prisión por el auxilio
financiero de 42.500 millones de guaraníes otorgados ilegalmente al Banco
de Desarrollo en julio de 1996. También ha sido acusado de involucramiento
en otros casos de corrupción, como las operaciones "fraudulentas"
vinculadas con la construcción de la represa de Itaipú, la mayor central
hidroeléctrica del mundo.
Carlos
Menem,
Presidente de Argentina (1989-99). Actualmente
procesado como presunto jefe de una "asociación ilícita" que
vendió armas a Ecuador y Croacia. Casi 50 ex funcionarios de su
administración han sido vinculados en casos de corrupción y muchos
argentinos y observadores internacionales lo responsabilizan de haber
iniciado el proceso que llevó el país a la bancarrota, al aumentar
enormemente el gasto público durante su último año en el gobierno.
Arnoldo
Alemán,
Ex presidente (1997-2002) y actual titular del Congreso Nicaragua. Entre los
numerosos casos de corrupción en los cuales ha estado involucrado Alemán,
enfrenta un posible juicio por adueñarse de algunas televisoras nicaragüenses
y anomalías en el proceso de privatización de telefonía estatal.
Luis
González Macchi,
Presidente de Paraguay (1998 al presente). Fue
acusado el 4 de abril por la Fiscalía de haber sido quien incitó al desvío
ilegal de los US$ 16 millones pertenecientes a la liquidación de los bancos
Unión y Oriental. Días después, el presidente fue denunciado por la
Contraloría por su involucramiento en una "lesión de confianza"
en el proceso de privatización de la telefónica estatal que resultó en un
desvío de 600.000 dólares. Ha estado acusado de involucramiento en otros
casos de corrupción.
Alfonso
Portillo,
Presidente de Guatemala (1999 al presente). En
marzo 2002, Portillo y su vice presidente, junto a otros dos altos
funcionarios del Ejecutivo, fueron implicados en la apertura de 13 cuentas
bancarias y 4 empresas "de cartón", en Panamá, que según
versiones periodísticas, utilizarían para trasladar fondos públicos.
Desde que asumió la presidencia, su gobierno ha sido cuestionado en por lo
menos diez graves casos relacionados con anomalías que suman casi tres mil
millones de quetzales; esto no incluye los nuevos escándalos, como el caso
de las cuentas en Panamá.
Juan
Francisco Reyes López,
Vice Presidente de Guatemala (1999 al presente). También
vinculado a lavado de dinero en Panamá y a otros casos de corrupción, está
acusado de ocupar la imprenta estatal para publicar folletos que
desprestigiaban al presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, quien
ha criticado duramente la corrupción e impunidad gubernamental. Varios
testigos sobre el caso de la Tipografía Nacional han sido amenazados; unos
tuvieron que huir del país y uno fue asesinado.
Mireya
Moscoso,
Presidenta de Panamá (1999 al presente). El
régimen de Moscoso ha estado marcado por la corrupción rampante. Más
recientemente esto ha incluido sobornos para la aprobación legislativa de
nombramientos, de dos personas de reputación dudosa y con nexos en actos
corruptos, a la Corte Suprema y para la aprobación del Centro Multimodal,
Industrial y de Servicios (CEMIS) y de ocultar los casos destacados en un
informe de la la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Durante su régimen,
90 de los 200 periodistas activos han enfrentado injustas querellas acusados
por difamación y calumnia, ataques verbales e intentos legislativos
intimidatorios, la mayoría por haber reportado la conducta no ética y la
corrupción de funcionarios y empresarios cercanos a la presidenta. Aunque
ella aprobó una ley de acceso a la información en enero 2002, es criticada
por no aplicarla.
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Abril
23, 2002
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