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 La
estadística de la muerte sigue ensombreciendo a las Américas y el
asesinato de periodistas se ha convertido casi en una rutina. En los últimos
seis meses, dos hombres de prensa fueron ultimados en Colombia y uno
respectivamente en México y en Haití. Se acentúa la tendencia de
presuntos dirigentes de iniciar campañas de desprestigio que llegan
inclusive a nombrar a las futuras víctimas en Colombia y en  Haití. De esa
manera se trata de incitar a la violencia para acallar las voces de los
portadores de preguntas, cuestionamientos y opiniones diferentes a las que
quieren imponer los poderosos.
Las dos fuentes principales de la violencia contra los periodistas son los
agentes del narcotráfico y del autoritarismo. En Colombia, la amenaza
proviene de las fuerzas paramilitares y las narcoguerrillas. En Haití, la
inacción del gobierno en la defensa de la libertad de prensa ha otorgado a
grupos radicales pro-gobierno licencia para amenazar, hostigar y asesinar.
El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, ha superado ya la etapa de los más violentos ataques verbales
e incitaciones a las turbas contra los medios de comunicación del país
para pasar a las agresiones físicas contra camarógrafos y reporteros en
las calles de Caracas. Grupos de provocadores azuzados por el gobierno
sitian los edificios donde funcionan los diarios. Poco a poco cae la careta
democrática del régimen y crece su identificación con el fascismo de los
años 30. No en vano, Chávez comenzó destruyendo toda posibilidad de
independencia del sistema judicial para asegurarse un poder ilimitado. Ya en
1999, cuando en la práctica destituyó a la Suprema Corte de Venezuela y
modeló un sistema judicial a su gusto, dejaba en claro sus tendencias al
absolutismo. A la manera de los reyes de antaño, Chávez parece creer que
encarna al estado.
La muerte en Pakistán de Daniel Pearl, el corresponsal de The Wall Street
Journal para el Sur de Asia, compromete aún más al periodismo del
continente a continuar con su labor profesional sin claudicaciones. Sin
embargo, en Estados Unidos ha habido lamentables intentos de parte de
agencias gubernamentales de limitar la libertad de expresión. Por ejemplo,
en octubre un memorando de la oficina del Secretario de Justicia ordenó que
antes que una agencia federal dé a conocer hechos o datos de acuerdo a la
ley federal de acceso a la información debe considerar, “la seguridad
nacional, mejorar la eficiencia de nuestros organismos policiales, la
protección de información comercial delicada y, lo que es más importante,
la preservación de la privacidad.” Subordinar la búsqueda de la verdad a
todas esas condiciones atentan contra la libertad.
En Costa Rica, otra nación con tradición democrática, un afán
reglamentarista y severas interpretaciones jurisprudenciales crean un
ambiente legal muy restrictivo para la libertad de expresión. Numerosos
periodistas han confesado que ante las presiones presuntamente surgidas de
la legislación y fallos judiciales han debido optar por la autocensura.
La
impunidad de las fuerzas represivas del estado se ejerce ya no solamente
contra los cubanos que intentan ejercer el periodismo en su país bajo las más
adversas condiciones sino también sobre los corresponsales extranjeros. De
esta manera, Fidel Castro indica a su discípulo Hugo Chávez la ruta de las
dictaduras.
La democracia es más que elegir los gobiernos por el voto popular, por eso
es imprescindible que las naciones latinoamericanas persistan en construir
sociedades plenamente democráticas en la que rija el estado de derecho con
plena libertad de prensa. La Sociedad Interamericana de Prensa siempre ha
considerado que en la interpretación que hagan los jueces del derecho
humano y constitucional a expresar todas las ideas y opiniones descansa la
posibilidad de garantizar la libertad de prensa. Por esta razón, la
Sociedad Interamericana de Prensa ha convocado a una Conferencia Hemisférica
sobre la libertad de prensa y el poder judicial que se desarrollará en
Washington del 22 al 24 de junio.
La acción de periodistas y jueces, cada cual cumpliendo con su misión, es
fundamental para consolidar la democracia.
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Abril
8, 2002
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