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 La
acción militar contra Irak ha generado una amplia gama de reacciones dentro
del Gran Caribe. Se han hecho declaraciones sobre los aspectos políticos y
se están evaluando las probables consecuencias económicas. La columna de
esta semana analiza algunas reacciones políticas a la crisis.
Los gobiernos
regionales han solicitado en forma conjunta el cumplimiento pleno e
incondicional por parte de Irak de las resoluciones del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas (ONU) respecto de la eliminación de armas de destrucción
masiva y de la completa cooperación con los inspectores de Naciones Unidas.
Existe un fuerte compromiso con los principios del multilateralismo y con el
sistema de Naciones Unidas como mecanismo para la resolución pacífica de
disputas.
Se registran
algunas divergencias respecto de los siguientes puntos de controversia: (i) si
los métodos de UNMOVIC/IAEA
(Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección) /
IAEA
(Agencia Internacional de Energía Atómica) funcionaban y se les debería dar más
tiempo; (ii) si la acción militar fuera del marco de la ONU era necesaria; y (iii)
si la misión internacional debería abarcar la instauración de la democracia en
Irak (cambio de régimen). Estos son los mismos temas que han dividido a la
comunidad internacional al respecto.
Algunos
países opinaron que el proceso de inspecciones estaba funcionando y que debería
darse (o debería habérseles dado) más tiempo para lograr completar el objetivo
común de eliminación verificable de las WMD (armas de destrucción masiva).
Desde esta posición la única acción militar legítima de acuerdo al derecho
internacional es aquella autorizada específicamente por el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas. Dado
que las resoluciones de Naciones Unidas existentes no contemplan el cambio de
régimen, estos países se muestran reacios a que esto último se convierta en
objetivo de la acción internacional, cualesquiera sea las opiniones que tengan
del gobierno que se encuentra en el poder en Bagdad.
Las
declaraciones emanadas de los Jefes de Gobierno de CARICOM, Cuba, Republica
Dominicana, México y Venezuela en general se encuentran alineadas con esta
posición, aunque se notan diferencias en énfasis, como es de esperar.
 Otros
países, si bien apoyaron el proceso de Naciones Unidas durante los momentos
intensos que derivaron en la acción militar, también señalan
como punto de referencia a
la Declaración de Azores, emitida por los Estados Unidos,
Gran Bretaña y España el 16 de marzo de 2003. Dicha declaración sostuvo
esencialmente que Irak no había
cumplido con las resoluciones de Naciones Unidas y que una mayor demora en
hacer implementar las mismas sería peligrosa e injustificada. También se
refirió al objetivo de instaurar la democracia en Irak y solicitó asistencia
humanitaria internacional para la población iraquí.
La
declaración hecha por Colombia y la declaración conjunta de los presidentes de
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá hacen referencia a la Declaración de
Azores dentro del contexto de la implementación de las resoluciones de Naciones
Unidas que no se habían cumplimentado. Asimismo, hacen referencia a la
situación interna de derechos humanos en Irak y/o la responsabilidad de la
comunidad internacional de ayudar al pueblo iraquí a construir un futuro
democrático mejor.
La
declaración de Costa Rica reitera el compromiso de larga data que el país
posee con la paz y la neutralidad y con las resoluciones de Naciones Unidas,
considera que Saddan Hussein no colabora con el proceso de desarme y apoya el
llamado de la Liga Árabe y de los EE.UU. para que abandone el poder. Al no
darse esto, responsabiliza al líder iraquí por el conflicto militar.
Las
diferencias sutiles en las posiciones manifestadas reflejan, en gran medida,
los cismas profundos que la crisis ha provocado dentro de la comunidad
internacional. Sin embargo, no existe razón alguna por la que se les permita
debilitar la red cuidadosamente elaborada de cooperación funcional regional,
actualmente en pleno proceso de montaje.
1)
El
profesor Norman Girvan es el Secretario General de la Asociación de Estados del
Caribe. Las opiniones vertidas no se corresponden necesariamente con las
opiniones oficiales de la AEC.
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Abril 07, 2003
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