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  El
fallido golpe en
Venezuela
fue la muestra más dramática de los problemas cada vez más evidentes en toda
América Latina y el Caribe: la fragilidad de la democracia electoral y la
debilidad del Estado de derecho. A pesar de que los mecanismos formales de
la democracia se mantuvieron en pie en toda la región — con la clara
excepción de Cuba — los votantes fueron aparentemente perdiendo la confianza
en que los gobiernos electos fueran capaces de afrontar con eficacia los
problemas cotidianos. Con el aumento de la pobreza y la injusticia social,
el desencanto popular generalizado hacia las democracias poco desarrolladas
de la región despertó serias preocupaciones.
 Argentina
fue otro de los casos extremos con el paso de tres presidentes por el cargo en
un período de diez días en diciembre de 2001 y una crisis provocada por el
colapso casi total de la economía nacional. Haití, donde la reputación
democrática del gobierno ya estaba en entredicho, vivió un aumento de la
agitación política. Estallaron protestas y disturbios callejeros en ambos
países, al igual que en Venezuela, Paraguay y Bolivia. La violencia y la
brutalidad de la respuesta policial a dichos incidentes hicieron que se
prestara la necesaria atención a las profundamente enraizadas deficiencias de
los sistemas regionales de justicia penal.
Algunos líderes políticos, incapaces de ofrecer prosperidad a su electorado,
parecían en cambio perfectamente capacitados para obtener beneficios
financieros personales. En ciertos casos, como observó un comentarista sobre
Argentina, los funcionarios del gobierno trataron el dinero público como "un
botín de guerra". A pesar de lo mucho que se habló de iniciativas contra la
corrupción, se avanzó muy poco en su erradicación. Y fue la misma corrupción
oficial-por encima quizá de cualquier otro factor-la que erosionó la confianza
popular en el gobierno. La prensa de la región contribuyó enérgicamente a
denunciar las prácticas corruptas, pero su capacidad para hacerlo se vio
limitada en algunos países por la opresiva legislación penal contra la
difamación. En el caso más notable de Panamá, los funcionarios del gobierno
tomaron represalias contra muchos periodistas mediante querellas judiciales.
Sin embargo, se prestó cada vez más atención a una de las causas de la
corrupción, la falta de transparencia del gobierno, y algunos países tomaron
medidas para remediarla. En México y
Peru,
se aprobaron leyes afirmando que la información en manos del Estado era en
principio pública. Dichas leyes sobre la libertad de información también
establecieron procedimientos para que los ciudadanos pudieran solicitar la
publicación de documentos oficiales y fijaron sanciones para las negativas
injustificadas del acceso a información.
 En
Colombia,
se agravó el único conflicto armado de la región y la crisis más acuciante de
derechos humanos. Como muestra de una aparente preferencia por la línea más
dura, los votantes eligieron en mayo, por una mayoría sin precedentes, al
Presidente Álvaro Uribe Vélez. Uribe impuso inmediatamente medidas de
emergencia que debilitaron la capacidad de las instituciones oficiales para
vigilar e investigar las violaciones de los derechos humanos. También intentó
permitir los registros y las escuchas sin orden judicial y restringir los
movimientos de los periodistas, pero el máximo tribunal del país decretó la
inconstitucionalidad de estas medidas. Fue especialmente preocupante que Uribe
autorizara el reclutamiento militar de 15.000 aliados campesinos, lo que hizo
temer que se tratara simplemente de una "legalización" de los socios
paramilitares del ejército. Aunque el Presidente Uribe y su ministro de defensa
anunciaron una política de no tolerancia de cualquier tipo de colaboración
entre las fuerzas gubernamentales y los grupos paramilitares ilegales,
siguieron apareciendo numerosas denuncias fundadas de las operaciones conjuntas
entre el ejército y los paramilitares y de la aquiescencia gubernamental frente
las actividades de estos últimos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP),
el grupo guerrillero más numeroso del país, intensificaron sus ataques tras la
ruptura de las negociaciones de paz en febrero. En mayo se produjo el incidente
más sangriento, cuando una bomba de cilindro de gas lanzada por la guerrilla
hizo impacto en una iglesia de Bojayá, Chocó, que albergaba a personas
desplazadas y mató a 119 personas, entre ellas al menos 48 niños. Las FARC
también incrementaron su ofensiva contra la infraestructura civil del Estado y
asesinaron a alcaldes y otros funcionarios municipales.
Aunque sin un conflicto armado, Venezuela estuvo varias veces al borde de un
estallido violento. La situación de agitación política permanente, que condujo
a la intentona golpista de abril, se calmó en cierto modo tras el retorno de
Hugo Chávez a la presidencia, pero empeoró notablemente a finales de año.
Las fuerzas armadas obligaron a Chávez (quien anteriormente había encabezado un
intento de golpe) a dejar la presidencia el 11 de abril, después de una
manifestación masiva en la que se produjeron disparos. La marcha de protesta,
convocada en respaldo de una huelga general, contó con la participación de
sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de
la sociedad civil. Cuando unas 500.000 personas se dirigían hacía el palacio
presidencial, en el centro de Caracas, donde los simpatizantes de Chávez se
habían reunido para interceptar la marcha, varios francotiradores abrieron
fuego contra los manifestantes desde edificios cercanos. Murieron 18 civiles y
más de 150 resultaron heridos durante la protesta. Las víctimas incluían
simpatizantes del gobierno y miembros de la oposición, así como un fotógrafo de
prensa que cubría el evento.
Esa misma noche, un grupo de jefes de las fuerzas armadas depusieron al
Presidente Chávez y permitieron que Pedro Carmona Estanga, el dirigente de la
principal asociación empresarial del país, se autoproclamara presidente. Esta
ruptura del orden constitucional dio paso a un atentando mayor contra el Estado
de derecho cuando Carmona disolvió la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema y
derogó la nueva Constitución Nacional. Aunque Chávez fue reinstaurado en la
presidencia el 14 de abril, entre 40 y 60 personas fueron asesinadas en el
segundo estallido de violencia que tuvo lugar durante el fin de semana en que
estuvo depuesto. La mayoría de las víctimas fueron identificadas como
simpatizantes de Chávez asesinados por las fuerzas de seguridad durante las
protestas en los barrios pobres de Caracas.
 En
Haití, aunque los acontecimientos fueron menos dramáticos, se hizo evidente un
nivel similar de polarización política. El resentimiento de la oposición
política, ya de por si escéptica ante las constantes promesas del Presidente
Jean-Bertrand Aristide, se agravó con los acontecimientos violentos del 17 de
diciembre de 2001. Aprovechando las informaciones sobre un intento de golpe
(que posteriormente se demostraron infundadas), bandas de jóvenes-miembros de
las llamadas organizaciones populares afiliadas al partido del Presidente
Aristide-emprendieron una campaña a gran escala de ataques contra la oposición.
Las bandas recorrieron ciudades y pueblos incendiando sedes de partidos
políticos y destruyendo las casas de los líderes políticos, sin que la policía
interviniese.
Los casos de fraude en las elecciones legislativas celebradas en 2000 fueron la
causa fundamental del estancamiento político en Haití. Aunque los negociadores
internacionales prosiguieron con sus intentos de facilitar una solución al
impasse en 2002, la falta de avances desalentó a los donantes que congelaron
cientos de millones de dólares de ayuda internacional. El Presidente Aristide
se quejó airadamente de la suspensión de la ayuda, pero pareció poco dispuesto
a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.
Las protestas masivas en Argentina, un síntoma de las ruinosas condiciones
económicas del país, provocaron la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa
en diciembre de 2001. Dos nuevos presidentes se sucedieron rápidamente en el
cargo, hasta que el Congreso eligió finalmente al peronista Eduardo Duhalde
para ocupar la presidencia. Al menos 23 personas murieron en todo el país
durante los enfrentamientos y los disturbios violentos que acompañaron a las
protestas. La crisis económica conllevó un fuerte aumento de la delincuencia
violenta y los secuestros. La violencia policial, que ya constituía un problema
crónico, empeoró.
La violencia policial también planteó graves preocupaciones en otros países;
particularmente en Venezuela, donde las altas tasas de crímenes violentos
provocaron una indiferencia de los ciudadanos frente a los abusos contra
presuntos delincuentes. Los asesinatos para la "limpieza social" por parte de
la policía venezolana fueron un problema grave, especialmente en las
provincias. En el estado de Portuguesa, un autodenominado "grupo de
exterminio", compuesto por miembros de la policía estatal y la Guardia Nacional
fuera de servicio, fue responsable del asesinato de delincuentes callejeros y
drogadictos.
En el Caribe de habla inglesa, donde las tasas de delincuencia violenta también
fueron sumamente elevadas, varios estados persistieron en sus esfuerzos por
reforzar la aplicación de la pena de muerte. Estos estados-señaladamente
Barbados, Belice y Jamaica-intentaron eludir ciertos fallos del Privy Council
(consejo privado del soberano), el tribunal de apelaciones con sede en Londres,
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impedían la aplicación de
la pena capital.
En diciembre, por ejemplo, el Primer Ministro de Jamaica, P.J. Patterson
anunció durante un discurso televisado que intentaría la aprobación de una
enmienda constitucional para reinstaurar la pena por ahorcamiento. Patterson
había afirmado anteriormente que el Privy Council estaba "haciendo imposible la
ejecución de la pena de muerte". Se refería al hecho de que la pena de muerte
estaba contemplada legalmente en Jamaica, al igual que en otros países del
Caribe, pero su aplicación se había visto limitada por varios fallos del
tribunal de apelaciones.
El Privy Council emitió uno de estos fallos en marzo, confirmando una decisión
previa de la Corte de Apelaciones del Este del Caribe por la que se revocaba la
aplicación obligatoria de la pena de muerte para ciertos delitos en siete
países caribeños. En octubre, el Privy Council anuló las condenas a muerte de
dos hombres juzgados por un asesinato ocurrido en 1999 en Trinidad. En
respuesta a dichos fallos, en noviembre, las asambleas legislativas de Belice y
Barbados estaban considerando la propuesta de enmiendas constitucionales para
limitar las apelaciones en casos de pena capital.
 Guatemala
y Cuba
siguieron siendo los únicos dos países de habla hispana de la región donde se
aplicaba la pena de muerte a delitos comunes, aunque otros países
latinoamericanos se reservaban el derecho a ejecutar a personas condenadas por
traición en tiempo de guerra o por otros delitos extraordinarios. No obstante,
en Guatemala, el Presidente Portillo anunció una moratoria sobre la aplicación
de la pena capital. En el momento de redactar este informe, ni Guatemala ni
Cuba habían ejecutado ninguna condena a muerte en 2002.
Las condiciones en las prisiones latinoamericanas fueron generalmente malas y
muchas de ellas estuvieron afectadas por el hacinamiento de presos, la falta de
personal, el deterioro de las instalaciones y la peligrosidad. El 20 de
septiembre, un motín en la prisión La Vega, en la República Dominicana, se
saldó con la muerte de 29 presos. La mayoría de las víctimas murieron por
inhalación de humo como consecuencia del incendio provocado por los presos para
protestar contra un registro en busca de armas. Este centro mal gestionado
había sido construido para 300 internos y albergaba casi al doble de presos
cuando se produjo el motín. En enero, 29 presos fueron asesinados en
Brazil
durante una protesta en la prisión de Porto Velho, en el estado de Rondonia. En
Perú, la población carcelaria de la remota prisión de alta seguridad de
Challapalca, situada a más de 4.000 metros de altura en los Andes, pasó de 50 a
más de un centenar en el transcurso del año. Dada la escasez de oxígeno en el
aire, el aislamiento y las bajas temperaturas, el defensor de los derechos
humanos de Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido
repetidamente el cierre de la prisión, afirmando que implicaba un peligro
inaceptable para la salud tanto de los presos como del personal.
En toda América Latina y el Caribe, los trabajadores continuaron sufriendo una
inmensa variedad de violaciones de derechos laborales internacionalmente
reconocidos. Entre las más comunes se encuentran las peores formas de trabajo
infantil, la discriminación en el empleo y las violaciones del derecho a la
libertad sindical. En ciertos casos, el hecho de que el gobierno no aplicara
las leyes laborales nacionales perpetuó los abusos, en otros casos, estas leyes
eran incompatibles con las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, el
resultado fue el mismo: los empleadores pudieron violar impunemente los
derechos de los trabajadores. En Colombia, donde la defensa de los derechos
laborales era una actividad sumamente peligrosa, se asesinó con frecuencia a
dirigentes y miembros de sindicatos.
En una alentadora muestra de progreso, varios países adoptaron medidas
significativas para establecer responsabilidades por abusos cometidos en el
pasado. En México, por ejemplo, el gobierno tomó la histórica decisión de
reconocer públicamente los actos de violencia política cometidos por sus
fuerzas de seguridad durante los años sesenta y setenta, y de intentar
enjuiciar a los responsables de dichos crímenes. En noviembre de 2001, el
Presidente Vicente Fox anunció la creación de una fiscalía especial encargada
de esta tarea. En Argentina, una serie de oficiales superiores del ejército
implicados en abusos cometidos durante la "guerra sucia" estaban detenidos o en
arresto domiciliario, entre ellos el ex presidente de la junta Leopoldo
Galtieri. Sin embargo, en noviembre, la Corte Suprema de Argentina no había
emitido todavía su dictamen sobre las apelaciones de dos fallos de los
tribunales federales anulando las leyes de amnistía del país, una decisión
fundamental en los esfuerzos para el establecimiento de responsabilidades.
 En
Chile, aunque los tribunales hicieron avances importantes en el enjuiciamiento
de miembros de las fuerzas armadas implicados en las desapariciones cometidas
durante el régimen pinochetista, el propio General Augusto Pinochet escapó a la
justicia. A diferencia de muchos expertos legales, la Corte Suprema de Chile
sostuvo que la "demencia moderada" diagnosticada a Pinochet satisfacía los
requisitos jurídicos para archivar la causa en el notorio caso de la "Caravana
de la Muerte".
La comisión de la verdad de
Perú
inició en abril sus audiencias públicas en ciudades y áreas rurales de todo el
país. En las sesiones de la comisión, que fueron televisadas, se recogieron los
testimonios de testigos presenciales de masacres, ejecuciones extrajudiciales y
otros abusos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. También en abril, como
resultado de las negociaciones con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el fiscal general nombró a un fiscal especial encargado de la
investigación y el enjuiciamiento de cientos de desapariciones forzadas,
asesinatos y otros crímenes, principalmente los cometidos en la década de los
ochenta. El fiscal especial también recibió el encargo de exhumar e identificar
los restos humanos enterrados en las más de 500 fosas clandestinas que, según
se cree, existen en el país.
En América Central, las graves violaciones de los derechos humanos de décadas
pasadas también continuaron recibiendo atención y tuvieron lugar exhumaciones
de fosas comunes en una serie de países. En Panamá, una comisión de la verdad
patrocinada por el gobierno publicó en abril su informe final sobre los abusos
cometidos durante el régimen militar. En Guatemala, el país con el historial
más trágico de asesinatos y masacres a gran escala, la intimidación de
testigos, funcionarios judiciales y defensores de los derechos humanos fue un
grave problema que obstaculizó el establecimiento de responsabilidades.
Otro hito importante en la campaña para rendición de cuentas en América Latina
fue el establecimiento de la
Corte Penal
Internacional
(CPI), que entró en vigor el 1 de julio. La CPI fue creada para enjuiciar a las
personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra. Varios países latinoamericanos ratificaron el tratado de la CPI durante
2002, en concreto, Ecuador, Panamá, Brasil, Bolivia, Uruguay, Honduras y
Colombia. Aunque el respaldo regional a la Corte fue considerable, muchos
países-entre ellos Chile, Cuba, la República Dominicana, El Salvador,
Guatemala, Haití, México y Nicaragua-todavía no habían firmado el tratado de la
CPI cuando se redactaba este informe.
Al implementar la legislación nacional apropiada, varios países demostraron que
se tomaban en serio su obligación de garantizar el funcionamiento eficaz de la
CPI. El 25 de septiembre, por ejemplo, Brasil adoptó el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, mientras que Perú, Bolivia y Venezuela comenzaban el
proceso de implementación.
La defensa de los
derechos humanos
El movimiento de derechos humanos de América Latina y el Caribe demostró una
fortaleza impresionante en su base, además de la legitimidad reconocida en el
ámbito gubernamental. Numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales y regionales se dedicaron a la defensa de los derechos humanos, y se
ocuparon de asuntos tales como los derechos de la mujer, los derechos de gays y
lesbianas y la libertad de expresión. En algunos países, el trabajo de las
organizaciones no gubernamentales estuvo complementado por el de las comisiones
nacionales permanentes de derechos humanos, los organismos parlamentarios ad
hoc y otros órganos oficiales. Como prueba de su experiencia y capacidad, una
serie de defensores latinoamericanos de los derechos humanos desempeñaron
papeles destacados en Naciones Unidas y otros foros internacionales.
Sin embargo, en varios países, como Colombia, Guatemala, Haití y Brasil,
algunos activistas se enfrentaron individualmente a la intimidación, los
ataques y en ocasiones la muerte por su defensa de los derechos humanos.
Colombia siguió siendo el país más peligroso para los defensores de los
derechos humanos. En los primeros 11 meses de 2002, se registró la muerte de 16
activistas pro derechos humanos colombianos. Los investigadores del gobierno
encargados del enjuiciamiento de líderes paramilitares también corrieron
peligro, al igual que los testigos de dichos casos.
En Cuba,
a diferencia de otros países de la región, la vigilancia de las condiciones de
derechos humanos no se consideró una actividad legítima, sino un gesto de
deslealtad y traición a la soberanía nacional. Los defensores cubanos de los
derechos humanos continuaron operando en condiciones extremadamente difíciles,
sometidos a vigilancia, hostigamiento y la amenaza de un proceso penal.
Después de haber vivido bajo gobiernos militares represores, los ciudadanos de
muchos países latinoamericanos reconocieron en general la importancia de los
principios de derechos humanos. No obstante, los defensores de los derechos
humanos se vieron estigmatizados por proteger los derechos de grupos menos
populares, particularmente los presuntos delincuentes.
El papel de la
comunidad internacional
La Organización de
las Naciones Unidas
Dado que la atención mundial se concentró en otras regiones, las condiciones de
los derechos humanos en América Latina y el Caribe no fueron un asunto
sumamente destacado en el programa de las Naciones Unidas, aunque se prestó
atención a problemas y situaciones específicas.
James LeMoyne, el asesor especial para Colombia del Secretario General de la
ONU, visitó frecuentemente este país en el transcurso del año. Desempeñó un
papel extremadamente activo en los intentos de salvar las conversaciones de paz
entre el gobierno colombiano y el principal grupo guerrillero del país, aunque
las negociaciones fracasaron finalmente.
Tanto en Colombia como en Guatemala, las Naciones Unidas mantuvieron oficinas
locales para vigilar el respeto por los derechos humanos. En México, el
gobierno acordó en julio la apertura de una oficina de derechos humanos de la
ONU dentro del país. La misión de verificación de la ONU en Guatemala, conocida
como MINUGUA, jugó un papel central en el control del cumplimiento de los
acuerdos de paz de 1996.
En Colombia, la ONU mantuvo una oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos encargada de documentar abusos cometidos por todas las partes del
conflicto armado interno. Hubo momentos de gran tensión entre dicha oficina y
el gobierno colombiano, sobre todo después de que la primera planteara
preguntas sobre el papel del ejército colombiano en Boyajá, donde se produjo
una matanza a gran escala por parte de la guerrilla. El Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados también tenía oficinas en Colombia con
capacidad operativa en las regiones de Urabá y Magdalena Medio, así como en el
departamento de Putumayo.
Por décima vez en 11 años, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una
resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El texto fue
menos contundente que en el pasado, pero cabe destacar que varios países
latinoamericanos impulsaron la resolución. A pesar de las duras denuncias
cubanas, la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos con voto en la
comisión apoyaron la resolución.
En el momento de escribir este informe, seis países latinoamericanos-Argentina,
Brasil, Costa Rica, Guatemala, México y Perú-habían cursado invitaciones
permanentes para recibir la visita de representantes de organismos de
vigilancia de los derechos humanos de la ONU. México, por ejemplo, recibió dos
de estas visitas de observación durante 2002: en febrero, la del relator
especial sobre los derechos humanos de los inmigrantes y en agosto, la del
representante del Secretario General de la ONU sobre las personas internamente
desplazadas. En septiembre, Haití recibió la visita de Louis Joinet, el recién
nombrado experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos en Haití. Cuba, que en años anteriores sólo había permitido la visita
de muy pocos representantes en materia de derechos humanos de la ONU, hizo
presión para debilitar los mecanismos de vigilancia en la sesión de abril de la
Comisión de Derechos Humanos.
La Organización de
Estados Americanos
La Organización de Estados Americanos (OEA) dedicó importantes esfuerzos
diplomáticos a contener las crisis políticas paralelas de Venezuela y Haití. El
13 de abril, inmediatamente después de la destitución del Presidente Hugo
Chávez en Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión de
emergencia de acuerdo con los términos de la recién creada Carta Democrática
Interamericana. Al cierre de la sesión, el Consejo Permanente de la OEA emitió
una resolución condenando el golpe y declarando que los eventos ocurridos en
Venezuela justificaban la aplicación de la Carta-una decisión que podría haber
llevado a la aplicación de sanciones si Chávez no hubiera retomado la
presidencia. El Secretario General de la OEA, César Gaviria, viajó a Venezuela
varias veces durante el año con intención de facilitar un diálogo político
entre las fuerzas opositoras y evitar una agudización de la crisis.
En Haití, el Secretario General Adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, trabajó para
lograr una solución negociada de la crisis política y emprendió varias misiones
en el país. En una sesión de enero, el Consejo Permanente de la OEA también
examinó la situación de Haití. Preocupado por los ataques violentos y
sistemáticos contra la oposición política ocurridos el 17 de diciembre de 2001,
el Consejo Permanente emitió una resolución pidiendo a las autoridades
haitianas que llevaran a cabo una investigación exhaustiva de los sucesos. En
marzo, en una reunión de seguimiento, la OEA y el gobierno haitiano firmaron un
acuerdo para el establecimiento de una Misión Especial de la OEA en Haití. El
objetivo de la misión, que empezó a operar al mes siguiente, era ayudar a
abordar las carencias del país en materia de democracia y derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los organismos de
derechos humanos de la OEA, envió misiones de observación y cabildeo a varios
países de la región, entre ellos Venezuela, Haití y Argentina. En octubre, la
comisión celebró sesiones sobre la situación de las personas afectadas por el
VIH/SIDA. En una de ellas se ofreció una visión general de los problemas de
derechos humanos propios de la epidemia del VIH/SIDA, otras sesiones se
ocuparon de la negación del acceso a medicamentos antiretrovirales a enfermos
en Ecuador y de un caso similar en El Salvador. A lo largo del año, la Comisión
hizo recomendaciones a gobiernos latinoamericanos con respecto a casos
específicos de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal de la OEA encargado de
casos de derechos humanos-y cuyas sentencias son de obligatorio
cumplimiento-dictó varios fallos importantes. En agosto, por ejemplo, ordenó a
Venezuela que indemnizara con 1.559.800 dólares a los familiares de 17 personas
asesinadas por las fuerzas de seguridad durante una revuelta popular del 27 de
febrero de 1989.
La Unión Europea
La Unión Europea (UE) respaldó los esfuerzos por resolver los problemas más
acuciantes de la región en materia de derechos humanos y derecho humanitario,
entre ellos el caso más destacado del conflicto armado en Colombia. Entre otras
ayudas, aportó apoyo financiero para el proceso de paz colombiano y para la
asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Sin embargo, en febrero,
cuando se rompieron las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y
las FARC, la UE adoptó una postura claramente más dura con respecto a las
FARC-EP. En junio, tras un prolongado debate y con la significativa presión del
entonces Presidente Andrés Pastrana, la UE agregó a las FARC-EP a su lista
negra de organizaciones "terroristas".
En noviembre, Cuba seguía siendo el único país latinoamericano sin un acuerdo
de cooperación con la UE sobre comercio y desarrollo. Aunque el gobierno cubano
y los representantes de la UE discutieron dicho acuerdo, el primero no estaba
dispuesto a implementar las reformas necesarias para satisfacer la "posición
común" de la UE sobre Cuba, según la cual la plena cooperación económica
dependía de la adopción de medidas para mejorar la democracia y el respeto a
los derechos humanos.
Los esfuerzos de los tribunales europeos por extraditar a presuntos
responsables de graves abusos contra los derechos humanos ayudaron a presionar
para la rendición de cuentas por dichos crímenes. En enero, por ejemplo, los
tribunales suecos pidieron la extradición del ex oficial de la armada argentina
Alfredo Astiz, conocido como el "Ángel de la Muerte" por sus actividades
durante el régimen militar en Argentina. Sin embargo, el gobierno argentino
rechazó la solicitud de extradición esgrimiendo el principio de la soberanía
territorial.
En mayo, se celebró la segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de
América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Los participantes en la cumbre
condenaron los abusos contra los derechos humanos y acordaron cooperar más
estrechamente para protegerlos y fortalecer el Estado de derecho.
El trabajo de
Human Rights Watch
 La
división de las Américas de Human Rights Watch se mantuvo atenta a los
acontecimientos en materia de derechos humanos en la región mediante un
contacto estrecho con activistas locales, visitas frecuentes a países y un
seguimiento intensivo de las noticias y otras fuentes de información. Esta
división no sólo intentó identificar los problemas acuciantes de derechos
humanos sino también entender las causas fundamentales de las violaciones y
desarrollar estrategias eficaces para abordarlas.
Estas estrategias consistieron en campañas específicas con los diseñadores de
políticas, una coordinación cuidadosa con las ONG locales y una campaña de
concienciación del público en general en medios de comunicación e Internet.
Los asuntos de los que se ocupó la división en 2002 incluyen la determinación
de responsabilidades por abusos y el caso de los niños soldados en Colombia; la
protección de los defensores de los derechos humanos en Guatemala; la crisis
política en Venezuela; la libertad sindical y el trabajo infantil en Ecuador;
el trato a los inmigrantes haitianos y dominico-haitianos en la República
Dominicana; la libertad de expresión en Chile; la rendición de cuentas, la
libertad de prensa y los presos políticos en México; los enjuiciamientos de
casos de derechos humanos en Argentina; y el trato a los disidentes políticos
en Cuba.
Durante el transcurso del año, la división de las Américas envió misiones de
investigación y cabildeo a Argentina, Chile, Colombia, la República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Con la información reunida en
estos viajes, la división elaboró informes detallados, documentos informativos
y otros materiales para documentar los problemas analizados. Con el fin de
facilitar una amplia divulgación de los resultados obtenidos, la división
concedió una gran prioridad a la traducción de sus materiales al
español
(y al
portugués,
en algunos casos) y su publicación en su página Web.
Además de divulgar la información mediante materiales escritos, Human Rights
Watch se dirigió directamente a funcionarios gubernamentales y representantes
de los órganos regionales e internacionales competentes. Los representantes de
Human Rights Watch mantuvieron reuniones con presidentes y otros altos cargos
oficiales de varios países. En estos encuentros, así como en la correspondencia
y las declaraciones escritas, la división de las Américas hizo recomendaciones
específicas para la mejora de las condiciones de los derechos humanos.
Por padecer la crisis de derechos humanos más grave de la región, la división
de las Américas concentró gran parte de sus energías en Colombia durante 2002.
El trabajo de la división en defensa de los derechos humanos en Colombia tuvo
tres aspectos: la presión para el cambio dentro del país, el trabajo para
influir en la política estadounidense y la promoción de las iniciativas de la
ONU y otros organismos internacionales. Human Rights Watch realizó dos misiones
de investigación a Colombia. Durante la primera, los investigadores recopilaron
testimonios de antiguos niños soldados y mantuvieron reuniones con ONG y otros
expertos sobre el tema. En la segunda visita reunieron información para un
informe sobre la conducta de la Fiscalía General de Colombia en investigaciones
concretas de presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos por altos
oficiales militares y líderes paramilitares. En el informe resultante,
"Un giro
erróneo: La actuación de la Fiscalía General de Colombia",
se concluyó que el Fiscal General Luis Camilo Osorio había debilitado
importantes investigaciones y fomentado un ambiente de temor dentro de la
Unidad de Derechos Humanos. Una delegación de Human Rights Watch presentó su
informe en una conferencia de prensa celebrada el 8 de noviembre en Bogotá,
tras haberse reunido con el Presidente, el Fiscal General y otras personas en
Colombia.
En Guatemala, la División de Derechos de la Mujer publicó un informe en febrero
en el que se constataba la persistencia de la discriminación sexual y el
maltrato en los sectores laborales con más participación femenina-las plantas
de procesamiento de exportaciones y el trabajo doméstico. La división de las
Américas
visitó
Guatemala
en agosto con el fin de presionar al gobierno para que adoptara medidas más
efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos, que habían
sido objeto de numerosos actos de intimidación durante el año. También pidió
que se avanzara en los casos judiciales relacionados con graves abusos contra
los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que
terminó en 1996.
En abril, la división de las Américas publicó
un informe
en el que se documentaba el maltrato laboral a los niños y los obstáculos a la
sindicalización en el sector bananero de Ecuador. Tras la publicación del
informe, Human Rights Watch presionó al gobierno para que aplicara las leyes
sobre trabajo infantil e instó a la industria bananera a que las respetara. En
julio, los representantes del sector bananero firmaron un acuerdo para eliminar
el trabajo infantil ilegal en el plazo aproximado de un año, y en octubre, el
gobierno creó un nuevo Sistema de Inspección y Monitoreo de Trabajo Infantil.
Human Rights Watch aplaudió estas iniciativas, pero
expresó su
seria preocupación
por su implementación. Human Rights Watch también reclamó un mayor respeto al
derecho a la libertad sindical de los trabajadores y quedó decepcionada por la
falta de respuesta de la industria bananera a esta petición. Como condición
para recibir mayores ventajas arancelarias con arreglo a la Ley de Promoción
Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA), el gobierno de Ecuador se
comprometió a adoptar medidas para mejorar el respeto al derecho de los
trabajadores a organizarse, pero este compromiso se expresó de manera vaga y
general.
En abril, ante la preocupación por el
trato racista a
los inmigrantes haitianos
y los dominico-haitianos en la República Dominica, una delegación de Human
Rights Watch viajó a Santo Domingo para presentar un informe sobre el tema. En
el informe se describía cómo se niega sistemáticamente la nacionalidad a los
dominicanos de origen haitiano, a pesar de que la constitución dominicana
establece el derecho a la ciudadanía de las personas nacidas en territorio
nacional. En dicho informe se explicaba que la consecuencia era que muchos
dominicanos de origen haitiano vivían una existencia precaria, expuestos
constantemente al riesgo de que los expulsaran de su propio país. En el informe
también se documentaban toda una serie de violaciones de las garantías
procesales padecidas por las personas de "aspecto haitiano" durante las
deportaciones. En una reunión con el Presidente Hipólito Mejía, la delegación
de Human Rights Watch recomendó
una serie de
reformas
para ayudar a prevenir abusos en el futuro.
En Chile, Human Rights Watch
continuó
presionando
al gobierno para que avanzara en las reformas legales destinadas a eliminar las
leyes represivas sobre desacato, que exponen a periodistas y otras personas a
cumplir penas de cárcel por comentar las políticas gubernamentales. El
Presidente Ricardo Lagos y el presidente del comité del congreso encargado de
debatir la reforma comunicaron a la división de las Américas su compromiso de
dar la mayor prioridad al asunto.
Informe Anual 2003 Sucesos
de 2002
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Colombia Cuba Haiti Perú Venezuela PDF]
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Haiti Perú Venezuela ZIP]
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Febrero
18,
2003
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